El alcalde de Chicago, Illinois, Rahm Emmanuel, presentó una segunda demanda contra la administración del presidente Donald Trump, ya que continúan las retenciones de fondos a los departamentos de policía como represalia contra las políticas santuario de la ciudad.
Al presentar la demanda, los funcionarios de Chicago señalaron que el Fiscal General Jeff Sessions y el Departamento de Justicia (DOJ) impusieron nuevas restricciones, informó Chicago Tribune.
De acuerdo al informe, las nuevas reglas del Departamento de Justicia requieren que la policía local reciba dinero de la subvención federal para informar a los funcionarios de inmigración sobre las personas bajo su custodia con “estatus legal cuestionable” y que se les otorgue acceso a los presos para ser interrogados.
Según el Tribune, Chicago tiene una ordenanza por escrito que impide que los funcionarios federales de inmigración tengan acceso a las personas bajo custodia policial, a excepción de las personas buscadas en una orden penal o que tienen condenas penales graves.
Por su parte, la ciudad declaró que debido a su negativa a cooperar el DOJ retuvo 5 millones en dinero de la subvención de 2017, de los cuales 3 millones eran para cubrir los salarios de los agentes de policía.
En lo que respecta a 2018, Chicago tampoco ha recibido una carta de autorización del subsidio.
La ciudad presentó una demanda en 2017 por condiciones similares. El juez de distrito de los Estados Unidos, Harry Leinenweber, otorgó este verano un recurso judicial permanente contra las condiciones que el Departamento de Justicia deseaba implementar.
“Ya ganamos esta batalla en la corte, y sin embargo, el Procurador General continúa sin tener en cuenta numerosas sentencias judiciales federales que repetidamente han dicho que no tiene la autoridad para agregar estos requisitos a un programa de subvenciones creado por el Congreso”, expresó el abogado Ed Siskel.
Con información de The Hill
