Tal como se había previsto a inicios de esta semana, la Suprema Corte de Estados Unidos emitió su resolución final sobre el plan del presidente Joe Biden para anular o reducir la deuda de millones de personas con préstamos estudiantiles.
De acuerdo con el máximo tribunal del país, la administración Biden excedió su autoridad al implementar esta medida; para aprobar un programa tan costoso, el Gobierno Federal necesita el respaldo del Congreso.
Tras una votación de 6-3, la Suprema Corte terminó definitivamente con el plan de 430 mil millones de dólares anunciado por el presidente Joe Biden el año pasado y dejó a los prestatarios sujetos a los pagos, que se espera que se reanuden el próximo mes de octubre.
¿Cuáles fueron los motivos para que la Suprema Corte rechazara el plan para anular los préstamos estudiantiles?
En tanto, el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts recordó que la ley permite al gobierno “renunciar o modificar” las disposiciones legales o reglamentarias que aplican a los programas de asistencia financiera bajo la Ley de Educación.
Sin embargo, el juez Roberts dijo que el gobierno reescribió ese estatuto desde cero con la Ley HEROES.
Recordemos que este plan pretendía cancelar 10 mil dólares de préstamos estudiantiles para prestatarios de ingresos menores a 125 mil dólares anuales. El límite de ingresos se duplicó para las parejas casadas.
Además, se ofrecían hasta 20 mil dólares en préstamos para los beneficiarios de la Beca Pell.
En este sentido, los jueces aclararon que el Congreso debió autorizar ampliamente la condonación de préstamos. Con esta autorización, el secretario y el Presidente podrían usar su autoridad para implementar el plan de condonación.
Cabe resaltar que desde meses antes se esperaba que la mayoría conservadora anulara el plan del presidente Biden.
Durante los argumentos orales en febrero, varios jueces expresaron dudas sobre la autoridad del Departamento de Educación para perdonar unilateralmente cientos de miles de millones de dólares en deuda estudiantil.
Aunque el gobierno intentó justificar el alivio de la deuda vinculándola a la emergencia nacional establecida por la COVID-19, esto no fue suficiente.
