El plan del presidente Joe Biden para perdonar la deuda de los préstamos estudiantiles está a punto de llegar a una resolución, pues se espera que la Suprema Corte emita una respuesta definitiva esta semana.
Tras varios meses de espera, el máximo tribunal de Estados Unidos decidirá si la Casa Blanca tiene la autoridad o no para condonar esta deuda.
Sin embargo, muchos prestatarios temen que la Suprema Corte falle en contra del presidente Biden, esto en parte por dos motivos:
- La mayoría de los jueces que conforman este tribunal son conservadores
- En febrero de este año, la Corte se mostró escéptica ante el plan de Biden.
¿Qué pasa si se rechaza el plan para condonar los préstamos estudiantiles?
En caso de que se rechace el plan de Biden, los estudiantes se verán obligados a empezar a pagar sus préstamos estudiantiles de nuevo.
Recordemos que, debido a la pandemia, el gobierno congeló los pagos de los préstamos y estos se reanudarán nuevamente en octubre.
Hasta la mañana de este martes, los jueces han escuchado dos casos contra el plan de condonación de los préstamos estudiantiles:
- Uno presentado por prestatarios de préstamos estudiantiles.
- El segundo presentado por seis fiscales generales republicanos.
No obstante, antes de emitir una resolución, los jueves deben decidir si estas personas tienen derecho a demandar al gobierno.
Si la Suprema Corte decide que tienen el derecho, el tribunal determinará su el gobierno tiene el poder de implementar este plan para perdonar los préstamos estudiantiles.
¿En qué consiste el plan para perdonar la deuda estudiantil?
En 2022, el Departamento de Educación lanzó un formulario para que los jóvenes con un préstamo estudiantil solicitaran un apoyo para el alivio de su deuda.
Los estudiantes podían recibir apoyos de hasta 10 mil dólares para la mayoría de los préstamos y si tenían la Beca Pell podían solicitar hasta 20 dólares.
Alrededor de 26 millones de personas completaron el formulario mientras estaba activo, y más de 16 millones fueron aprobados para el alivio antes de que una orden judicial obligara a la administración a retirar la solicitud.
Con información de The Hill
