El gobierno de Estados Unidos anunció la restricción de visas de entradas al país a 100 funcionarios de Nicaragua, quienes están vinculados con el gobierno del presidente Daniel Ortega. Por ser “responsables o cómplices” de abusos a los derechos humanos.
En una declaración, el Departamento de Estado informó que la medida está basada en que “se cree que son responsables o cómplices de socavar la democracia, incluidos aquellos con responsabilidad o complicidad en la represión de protestas pacíficas o el abuso de los derechos humanos”. Además, las prohibiciones se extienden a miembros de la familia inmediata de los señalados.
Tras el anuncio el diputado oficialista Wilfredo Navarro, miembro de la junta directiva de la Asamblea Nacional dijo a la Voz de América:
“Si no dan visa o las restringen es una decisión soberana de ellos, como Nicaragua tiene el mismo derecho, a los que les gusta ir a Estados Unidos son los que se van a fregar”.
Las restricciones de visa impactan a miembros de la Asamblea Nacional de Nicaragua y el sistema judicial nicaragüense. Se incluyen fiscales y jueces, según la declaración.
En su argumentación la administración del presidente Joe Biden culpa a los funcionarios. Los acusa del arresto de “26 opositores políticos y actores a favor de la democracia”.
Entre los que se incluyen seis precandidatos a las elecciones presidenciales de noviembre, “activistas estudiantiles, líderes del sector privado y otros actores políticos”.
La Casa Blanca señala al gobierno de Ortega por la aprobación de “leyes represivas” que coartan la posibilidad de elecciones libres.
