Los políticos opositores, activistas y periodistas independientes cada vez tienen el cerco más cerrado en Nicaragua. El domingo por la noche arrestaron a Miguel Mora, precandidato presidencial en las elecciones generales de noviembre. Lo acusaron de “realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación”.
Es la justificación que dan las autoridades nicaragüenses para arrestar a la mayoría de los opositores, una normativa que se recoge en el artículo 1 de la Ley 1055, conocida popularmente como la “Ley de Defensa de los Derechos del pueblo a la Independencia”.
Varios organismos internacionales han dado la voz de alarma ante la grave situación a medida que se acerca el 7 de noviembre. Esta es la fecha en la que está prevista la celebración de los comicios.
1. “Hay motivos por los que preocuparse”
En entrevista con la Voz de América, el profesor especializado en política latinoamericana en la Universidad Internacional de la Florida (FIU), Eduardo Gamarra advirtió que “sí que hay motivos por los que preocuparse”. En la región en tanto que la democracia en el país está “en serios problemas” y Nicaragua podría convertirse en una dictadura de facto.
“La situación de la democracia no es buena. Me refiero a la democracia basada en la separación de poderes, a la independencia judicial, a la libertad de prensa, de expresión y, obviamente, al respeto de los derechos humanos”, manifestaba.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el organismo que vela por la libertad de prensa y de los periodistas en las Américas, ha denunciado que el gobierno liderado por el presidente Daniel Ortega ha creado un sistema legislativo a su medida para acabar con las voces críticas en el país.
2. SIP: Ortega ha creado leyes a su medida
“Estamos ante un régimen que, resguardado en leyes creadas a su medida, se empeña en aniquilar todas las voces críticas y a sus rivales políticas. Se trata de un claro atentado contra la democracia y la libertad de expresión”, indicaba el presidente de la SIP, Jorge Canahuati.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, dijo a la VOA que los movimientos perpetrados por el ejecutivo de Daniel Ortega obedecen al “riesgo cierto de perder el poder” en las próximas elecciones. Por lo que el mandatario está “recurriendo a la represión como única arma para frenar su posible caída”.
3. Los periodistas de Nicaragua están en el punto de mira
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) denunció la “ola de represión” que están sufriendo. Sin embargo, los periodistas están tratando de explicar la realidad que se vive desde dentro del país.
4. ¿Qué pasará después del 7 de noviembre?
Muchos se hacen esta pregunta al ver el escenario que se plantea en Nicaragua. Luego de la celebración de unos comicios que no cuentan con el respaldo de la mayoría de los países de la comunidad internacional.
La mencionada Ley 1055, la Ley Especial de Ciberdelitos, conocida como “ley mordaza”, y la ley sobre Regulación de Agentes Extranjeros están siendo ejecutadas por el Departamento de Justicia de Nicaragua, un organismo que tampoco cuenta con el respaldo de la comunidad internacional, y son normas que han levantado la desconfianza en muchos sectores del país.
5. Presión internacional
La Organización de Estados Americanos (OEA) había pedido insistentemente al gobierno nicaragüense la propuesta de una reforma electoral con el objetivo de garantizar unos comicios “libres y transparentes”. A pesar de los pedidos, el mandatario hizo caso omiso y, hasta el momento, no se ha presentado ninguna propuesta legislativa al respecto.
La Comisión Permanente de la OEA está preocupada por la “instauración de una tercera dictadura en la región”. Por lo que aprobó una resolución en la que se ponía de manifiesto la grave situación que se vive en Nicaragua. Al tiempo que se exigía la liberación de los “presos políticos”, terminar con la represión a políticos, activistas y periodistas, reclamando así una reforma electoral.
6. Acuerdo bipartidista en Estados Unidos
Desde Estados Unidos sigue muy de cerca la evolución de esta situación. La cuestión de Nicaragua se ha vuelto algo bipartidista en las altas esferas de la política. Desde el Congreso de Estados Unidos se está abordando esta crisis con el objetivo de buscar una solución y tejer alianzas con los socios de la región.
El senador Bob Menéndez, demócrata por Nueva Jersey, funge como presidente en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Es el latino de más alto rango en ambas cámaras del Congreso de Estados Unidos. Anunció que presentará un paquete de sanciones contra el gobierno de Daniel Ortega para castigar “de forma severa” a los miembros del ejecutivo nicaragüense.
