Este viernes, la Suprema Corte desechó una demanda que buscaba garantizar el conteo de los migrantes indocumentados en el censo 2020.
Esta demanda surgió como una respuesta al intento de la administración Trump por excluir a los migrantes del conteo. Sin embargo, durante la discusión del caso, los magistrados determinaron que las bases de la demanda y la madurez del caso “conducen a la conclusión de que la resolución judicial (…) es prematura”.
Así, la mayoría conservadora de la Suprema Corte se impuso en una votación de 6 a 3 a favor de rechazar la demanda. Sin embargo, la misma Corte reconoce que la idea de excluir a los indocumentados del censo NO es aplicable:
“Para empezar, es posible que la política no sea factible de implementar de ninguna manera, y mucho menos de una manera que pueda dañar sustancialmente a cualquiera de los demandantes aquí. A estas alturas, todos están de acuerdo en que el gobierno no puede implementar de manera factible el memorando excluyendo a los 10.5 millones de migrantes indocumentados”.
La Constitución de Estados Unidos ordena que haya un censo de la población cada 10 años. Con él se determina el tamaño de los distritos electorales para la determinación popular en el Congreso.
Desde siempre, este conteo ha incluido a todos los habitantes del país independientemente de su estatus migratorio. Si se excluye a los migrantes indocumentados, la representación en el Congreso no será justa. Además, tampoco se podrá estimar con exactitud la cantidad de fondos federales que deben asignarse a cada estado.
Trump, el censo y los indocumentados
Esta discusión legal sobre el censo inició en julio. En ese mes, Donald Trump ordenó a la Oficina del Censo que le enviara dos documentos. Uno con el total de personas de cada estado y otro en el que los migrantes indocumentados no aparecieran en el conteo.
Casi al instante, 23 estados se quejaron de que el presidente intentara no contar a los indocumentados en el censo. Por ello, levantaron demandas en tribunales junto con defensores de los derechos de los inmigrantes y otras organizaciones.
Hasta el momento, tres cortes inferiores han emitido órdenes que reprueban la decisión de Trump. Las tres determinaron que el mandato del presidente viola la Constitución y los estatutos del censo.
Por su parte, la administración Trump argumenta que, de acuerdo con la ley federal, el presidente tiene “discreción virtualmente ilimitada” para decidir qué datos cuentan y cuáles no dentro del conteo. No obstante, la Suprema Corte ha rechazado este reclamo.
Con información de Univisión.
