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ACLU demanda al gobierno por usar celulares para rastrear a migrantes

Llamada telefónica Pixabay
En febrero de 2020 se reveló que el DHS, ICE y la CBP compraron bases de datos una empresa llamada Venntel para rastrear a los migrantes por sus celulares | Con información de The Hill

Con el fin de obtener los registros de la compra de datos de teléfonos celulares por parte del Gobierno para rastrear la ubicación de los migrantes, la Unión Americana de las Libertades Civiles (ACLU) presentó una demanda contra la administración Trump.

ACLU informó que presentó la demanda para que se divulguen los registros, porque el gobierno se negó responder una petición de transparencia.

En específico fue hace 9 meses cuando la organización pidió al gobierno entregar información a través de la Ley de Libertad de Información (FOIA).

La demanda está dirigida al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La organización sin fines de lucro alega que estas agencias compraron acceso a bases de datos que contienen información de ubicación de millones de migrantes.

Esta información fue recopilada por aplicaciones que se ejecutan en teléfonos inteligentes.

El Wall Street Journal informó en febrero que la administración Trump compró acceso a dichos datos a través de una empresa llamada Venntel.

Esta empresa vendía acceso a una base de datos a DHS, ICE y CBP.

“La compra de las agencias genera serias preocupaciones de que están evitando la protección de la Cuarta Enmienda para la información de ubicación de teléfonos celulares al pagar por el acceso en lugar de obtener una orden judicial”, escribió la ACLU en la demanda.

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¿Es legal seguir la ubicación de los migrantes por sus celulares?

En 2018, la Suprema Corte sostuvo en Carpenter vs Estados Unidos que recolectar cantidades significativas de ubicación de datos históricos de teléfonos celulares es una búsqueda bajo la Cuarta Enmienda y requiere una orden judicial.

Un portavoz de CBP dijo que la agencia no comenta sobre litigios pendientes. Los portavoces de DHS e ICE no estuvieron disponibles de inmediato para hacer comentarios.

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