En las últimas dos décadas, el Gobierno de Estados Unidos ha utilizado cada vez más los tribunales penales para castigar a las personas por violaciones de inmigración.
El hecho de haber sido acusado de un delito relacionado con la entrada a ese país impone costos elevados a los migrantes, ya que una condena impide los intentos actuales y futuros de migrar legalmente u obtener asilo, destaca el Concilio Americano de Inmigración (American Inmigration Council, AIC, por su nombre y siglas en inglés.
Para el Gobierno federal, esos enjuiciamientos son un uso costoso de recursos limitados para la aplicación de la Ley y no han demostrado capacidad para disuadir a los migrantes de venir en el futuro, destaca Joshua Breisblatt, colaborador del AIC en un reporte.
“Cuando un no ciudadano está simplemente presente en los Estados Unidos sin la debida autorización, se trata de una ofensa civil, en lugar de criminal. Sin embargo, los migrantes que entran o vuelven a ingresar al país sin permiso pueden enfrentar cargos criminales. La abrumadora mayoría de estos enjuiciamientos se realizan a través de la ‘Operación Streamline’. Esta iniciativa se inició en 2005 entre el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS)”, explica Breisblatt.
La “Operación Streamline” implica enjuiciar a grandes grupos de migrantes a la vez, a veces hasta 80 personas son juzgadas en la misma audiencia. A menudo, los migrantes son acusados, juzgados, condenados y sentenciados en cuestión de horas con poco tiempo para hablar con un abogado. Este proceso llamado “simplificado” priva a los inmigrantes de una audiencia individualizada y plantea serios problemas de debido proceso.
Combinadas, las violaciones de los procesamientos relacionados con la entrada se han convertido en las ofensas más procesadas federalmente; en 2016 constituyeron casi la mitad de todos los procesamientos en un tribunal federal, destaca el autor del análisis titulado “El gobierno presenta cargos contra inmigrantes como nunca antes”.
El Fiscal General Jeff Sessions, comenta, ha intentado aumentar esto incluso instruyendo a los fiscales federales para que los enjuiciamientos relacionados con la entrada sean una prioridad en todo el país, al exigir a las Oficinas de los Fiscales de Estados Unidos procesar todas las referencias de violaciones ilegales a la entrada como parte de una “tolerancia cero” política.”
Este cambio en la política ha comenzado a tener efecto.
“Durante los primeros seis meses del año fiscal 2018, hubo un total de 35 mil 787 procesamientos penales federales. Esto representa un salto significativo en los procesamientos y si el ritmo continúa durante el resto del año, resultará en un aumento del 19.5 por ciento en los procesamientos en comparación con el año anterior”, informa.
Con los altos niveles de violencia en zonas de América Central, los patrones de migración han cambiado en los últimos años, con más inmigrantes que buscan protección en los Estados Unidos, comenta. Sin embargo, a pesar de las obligaciones legales nacionales e internacionales para proteger a los migrantes que huyen de la persecución y la tortura, el gobierno somete a las personas que huyen de dicho daño a procesos penales bajo la “Operación Streamline”, que viola el derecho internacional, acusa el autor.
“Aunque el Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security, DHS, por su nombre y siglas en inglés) ha declarado durante mucho tiempo que el objetivo de la “Operación Streamline” es disuadir a los inmigrantes de intentar ingresar a Estados Unidos, la investigación sugiere fuertemente que los procesamientos relacionados con la entrada no impiden la migración futura”, dice el análisis.
En cambio, la migración se ve influenciada principalmente por otros factores, como las condiciones económicas y la situación de seguridad en el país de origen del migrante. Además, el Inspector General de DHS ha identificado deficiencias con los datos que el DHS reúne para evaluar la iniciativa, y señala que DHS “no mide de manera completa y precisa el efecto de Streamline”.
“El aumento de la administración Trump de estos procesamientos relacionados con la entrada de inmigrantes al país es muy preocupante. Estos enjuiciamientos no hacen nada para disuadir la migración futura y simplemente buscan criminalizar a una población vulnerable”, concluye.
