La administración Trump ha implementado iniciativas para reestructurar el sistema de tribunales de migración sin proporcionar mucha información al público.
La falta de transparencia del gobierno en torno a estos cambios es especialmente importante porque comprometen la justicia en los tribunales.
El Departamento de Justicia (DOJ) supervisa a la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR), que administra los tribunales de inmigración.
Estas instituciones deciden casos de deportación y establecen un precedente legal, impactando a miles de migrantes que buscan un día justo en la corte cada año.
En diciembre de 2019, surgieron informes de que el Departamento de Justicia estaba asignando casos a jueces en “centros de adjudicación de migración” en Texas y Virginia.
Estos jueces utilizan videoconferencias para supervisar los casos en “tribunales de campaña” a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México.
La administración Trump estableció estos tribunales improvisados para los casos de solicitantes de asilo enviados a México para esperar su audiencia.
Dada la ubicación remota de los centros y la videoconferencia, los defensores temen que los tribunales eliminen casos de migración demasiado rápido.
Para obtener más información sobre estos centros, los grupos presentaron una solicitud de la Ley de Libertad de Información.
El Departamento de Justicia contrata jueces con experiencia en deportación
El Departamento de Justicia también contrata jueces con experiencia en el procesamiento de casos de deportación.
Estos jueces están ocupando puesto con autoridad para establecer un precedente legal para miles de migrantes.
La regulación que establece la creación de estos jueces no proporciona definición o claridad sobre sus funciones.
La creación de estructuras y prácticas de contratación poco claras representa una amenaza para el debido proceso de migración.
En respuesta, el Consejo Estadounidense de Inmigración presentó una demanda que exigía más información al respecto, pero obtenerla ha sido difícil.
En 2019, el Centro de Información de Acceso a Registros Transaccionales descubrió que se estaban divulgando datos incompletos sobre casos de migración.
Más que nunca, el público debe estar al tanto de las decisiones de política que están haciendo cambios fundamentales en el funcionamiento de los tribunales de migración.
La transparencia del gobierno y el debido proceso deben estar al frente y al centro cuando se trata de hacer cambios que afecten la vida de miles de personas.
Con información de The American Immigration Council.
