Debido a las amenazas realizadas por el presidente de EU, Donald Trump, el Gobierno de México refrendó su compromiso con el trabajo conjunto como la vía para brindar una mejor atención al fenómeno migratorio en nuestra región.
A través de un comunicado, emitido por conducto de las secretarías de Gobernación (Segob) y de Relaciones Exteriores (SER), el Gobierno Federal expuso que la política migratoria de México es definida de forma soberana y a través de ésta se busca asegurar que la migración ocurra de manera legal, segura, ordenada y con pleno respeto a los derechos de las personas.
Por ello, “bajo ninguna circunstancia, el Gobierno de México promueve la migración irregular”, esto en respuesta a los recientes ataques de Donald Trump, Presidente de Estados Unidos, quien pidió a las autoridades mexicanas detener la caravana de migrantes centroamericanos que, cada año, desde 2010 realizan personas de Guatemala, Honduras y El Salvador, mayoritariamente.
En este marco, el Gobierno de la República planteó que la caravana conocida como “Viacrucis del Migrante” es una manifestación pública que busca llamar la atención sobre el fenómeno migratorio y la importancia del respeto a los derechos de los migrantes centroamericanos que, en muchos casos, se ven obligados a dejar sus lugares de origen en busca de mejores oportunidades o con la intención de obtener protección internacional a través de la figura del “refugio”.
“No compete a este gobierno ejercer decisiones migratorias de Estados Unidos o de cualquier otra nación, por lo que serán las autoridades competentes de la Unión Americana las que decidan, de ser el caso, autorizar o no el ingreso a su territorio de los integrantes de la caravana que lo solicitaran a través de los puertos de entrada y salida autorizados”, manifestó el Gobierno mexicano.
Esta caravana se realiza cada año en estas fechas, desde 2010, y se encuentra integrada principalmente por migrantes provenientes del Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador), cuyo ingreso a territorio nacional se dio sin cubrir los requisitos de Ley, se aclaró en el comunicado.
“Por esta razón, participantes de esta manifestación se encuentran sujetos a un procedimiento administrativo migratorio, en tanto que alrededor de 400 han sido ya repatriados a sus naciones de origen, con estricto apego al marco legal y pleno respeto a sus derechos humanos”, expuso.
Además, y a diferencia de años anteriores, en esta ocasión autoridades migratorias mexicanas han procedido, conforme a la legislación correspondiente, a ofrecer la condición de refugio en los casos en que así proceda, así como las demás medidas de protección contenidas en la normatividad nacional.
“Tal como ocurre con cualquier manifestación en vía pública, las autoridades mexicanas velan por la seguridad y la protección de la dignidad y los derechos humanos de los integrantes de la caravana, procurando también las menores afectaciones al tránsito ordinario en las vías de comunicación recorridas por esta concentración”.
El Gobierno de México aclaró que, de conformidad con el Artículo 47 de la Ley de Migración, todos aquellos nacionales o extranjeros que decidan salir del territorio nacional mexicano deben hacerlo exclusivamente por los lugares destinados al tránsito internacional de personas y están obligados a cumplir con los requisitos para su entrada, estipulados por el país al que pretendan ingresar.
Al igual que en años anteriores, desde el 25 de marzo pasado, el Gobierno mexicano, por conducto de la Secretaría de Gobernación, ha mantenido plenamente informado al gobierno de Estados Unidos sobre el desarrollo de la caravana, a través de la Embajada de ese país en la Ciudad de México.
México comentó que se mantiene muy activo en los mecanismos internacionales apropiados para dar mejor atención al fenómeno migratorio, como la Conferencia Regional de Migración (donde participan nuestro país y naciones de Centroamérica, además de Estados Unidos, entre otros), al tiempo que sostiene un diálogo cercano con los gobiernos del Triángulo Norte y la Unión Americana para desplegar mecanismos de cooperación en materia migratoria y de seguridad, así como para promover el desarrollo y atender las causas de la emigración.
