El pasado 28 de junio el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) realizó una actualización a una de sus políticas, aunque la modificación pasó desapercibida esta permitiría una gran deportación de no ciudadanos.
Este cambio implica que los migrantes que soliciten un “beneficio”, como una extensión o cambio de estatus, una Green Card o ciudadanía, serían colocados en procedimientos de deportación en caso que se les niega el beneficio.
Para la actual política migratoria de Estados Unidos es necesario que el migrante haya cometido un delito para poder ser deportado de forma expedita, sin embargo, con esta nueva medida perder la petición de una extensión de visa, ser acusado de un delito o hacer algo que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) considere como delito (incluso si nunca se fue acusado o arrestado) coloca a los indocumentados en esa misma vía rápida de deportación.
Una vez que inicie el proceso de deportación, el migrante debe demostrar que es elegible para permanecer en los Estados Unidos.
Esta persona no recibirá un abogado; puede ser detenido, incluso sin derecho a fianza. No hay derecho a un juicio rápido, ni juicio por jurado.
Especialistas señalan que ahora con estos cambios el sistema se volverá draconiano.
El problema es que esta nueva política amplía en gran medida las categorías de “prioridad de deportación”, ahora a la mayoría de las personas que fallen en su intento por continuar en el país de forma legal enfrentarían la deportación.
Poco a poco quedan menos opciones para los migrantes que llegaron o pretenden ingresar por la vía legal a EU.
La ley de asilo ha sufrido varias modificaciones, ahora hay un grupo dedicado a quitar la ciudadanía a las personas, millones de musulmanes tienen prohibido ingresar al país, cada vez menos países están incluidos en el TPS y la situación de los dreamers permanece en el limbo.
Con información de Quartz
