El pasado 2 de diciembre, las administraciones de Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador anunciaron el restablecimiento del Programa “Quédate en México” o Migrant Protection Protocols (MPP), luego de que el pasado 14 de agosto un juez federal estadounidense ordenó al gobierno de ese país su reinstalación.
A diferencia del primer programa, implementado de enero 2019 a enero 2021, que se limitaba a personas de países hispanoparlantes, en esta ocasión retornarán a personas de todo el continente, incluido Haití, a pesar de las dificultades que se han documentado para esta población que habla creole y sufre discriminación en México.
El programa inició el 6 de diciembre en:
- San Diego
- Calexico
- Nogales
- El Paso
- Laredo y
- Brownsville
Y sin embargo parece que es una cosa menor y una acción más para contener la migración.
Reinstalar MPP es un grave golpe a los derechos de las personas solicitantes de protección internacional y un mensaje de los gobiernos:
“No nos importa la vida de las personas”.
Al gobierno mexicano, de golpe, se le olvido que durante los dos años que estuvo abierto “Quédate en México” -de las más de 70 mil personas devueltas al país, 40% mujeres y 33% niñez- la mayoría de las mujeres fueron víctimas de violaciones, secuestros y extorsiones sin que haya existido una reparación del daño. El miedo y la incertidumbre las acompaño a lo largo de toda su espera en México. Mientras que la niñez estuvo expuesta a condiciones de estrés post traumático.
Quédate en México no da ninguna garantía
En el contexto actual, las mujeres haitianas que se vean obligadas a entrar a Quédate en México incrementarán sus condiciones de vulnerabilidad. No sólo por el riesgo de ser devueltas a su país -para las mujeres y las niñas, la vida en Haití es insostenible en medio de una crisis política que no les garantiza una vida libre de violencia-, sino también por las barreras del idioma, el racismo, la discriminación en razón de género y la xenofobia que experimentan en territorio mexicano.
En este escenario, reinstalar MPP nos hace cómplices de que las mujeres, la niñez y la adolescencia vivan con miedo, estrés y en condiciones inhumanas. Porque como país no pudimos defender nuestra soberanía y negarnos a participar en una política que no sólo pone en peligro la vida de esta población, sino que es contraria a nuestra legislación.
Ninguna mujer que huye de la violencia y la persecución merece vivir con miedo y con la indiferencia de las autoridades.
Aunque el nuevo programa promete:
- Medidas de protección a la unidad familiar
- Acceso a servicios legales
- Acceso a albergues
- Algunas exenciones para grupos vulnerables
- Acceso a la vacuna contra la Covid-19, muy parecidas a las que se ofrecieron la vez anterior que no cumplieron.
No hay forma de que “Quédate en México” pueda volverse un programa con una visión de protección y humanitario; esto porque expone a las mujeres y sus familias a condiciones de violencia mientras esperan su proceso de asilo en Estados Unidos del lado mexicano.
MPP es de las peores políticas que ha implementado la administración de Biden, heredada de la administración Trump, y de las que México ha sido fiel y estratégico colaborador, aunque vayan en contra de la legislación nacional y los compromisos internacionales en materia de asilo y derechos humanos.
Nada justifica el maltrato a las personas migrantes
Es inconcebible -no hay lógica que lo justifique más que el intercambio por la “Iniciativa Sembrando Oportunidades”, anunciada el miso 2 de diciembre, o el desdén hacia la vida de quienes buscan protección internacional- que explique porque el gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, decidió promover el reinicio de MPP a pesar de conocer las graves violaciones de derechos en las cual incurrió la ocasión pasada que estuvo activo, y de que viola la Constitución mexicana. Desde 2020, las y los ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene en sus manos la revisión de un amparo (302/2020), promovido el 4 de abril de 2019, en contra de la participación del Estado mexicano en políticas contrarias a nuestra legislación, como “Quédate en México”.
Nuevamente el gobierno de México se vuelve cómplice de la violación a derechos de las personas solicitante de protección internacional. Las ofrece como moneda de cambio y no aprende de su historia reciente.
Durante enero de 2019 y diciembre de 2020, la primera vez que MPP estuvo activo, se registraron más de mil 300 eventos violentos – secuestros, violaciones y otros actos violentos, incluso la muerte- contra población bajo “Quédate en México” en el país, 90% fueron contra mujeres y familias.
Estas agresiones fueron cometidas por:
- Agentes de migración
- Policías y
- crimen organizado.
A la fecha no existe ninguna investigación por parte del gobierno mexicano sobre estos hechos.
La pregunta sigue siendo, ¿hasta dónde vamos a seguir permitiendo que este gobierno menosprecie las necesidades de quienes buscan salvar su vida y la de su familia? Que como tú y como yo, merecen una vida libre de violencia.
