El pasado 19 de agosto, una Corte de Estados Unidos negó a la administración de Joe Biden la suspensión de la política “Quédate en México”, por lo que debería reinstalarla lo antes posible. La Corte señaló que si México no colabora con dicha acción esta quedará sin efecto.
Dese entonces, las organizaciones de la sociedad civil hemos llamado al gobierno mexicano a no participar en congruencia con los compromisos asumidos en Convenciones y Pactos internacionales sobre migración y asilo.
Al tiempo hemos llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJM) a pronunciarse contra la participación del Estado mexicano en el Programa “Quédate en México”, también conocido como Migrant Protection Protocols (MPP), por ser una política contraria a nuestra Constitución que viola:
- El debido proceso
- Derecho al asilo
- El principio de no devolución
Desde 2020, las y los ministros de la Primera Sala del tribunal superior tienen en sus manos la revisión del amparo 302/2020 sobre este tema. Pero a la fecha no se han pronunciado. En sus manos tienen la oportunidad de proteger a las personas que buscan protección internacional; estas personas ha demostrado su vida corre peligro en México y en su país de origen.
El pasado 14 de octubre, 12 organizaciones de la sociedad civil, Oxfam México y Oxfam Américas presentaron un amicus curiae ante la SCJN para fortalecer el amparo en revisión. El documento acredita que al aceptar la reinstalación de MPP, el Estado mexicano estaría violando, nuevamente, la legislación nacional e internacional.
¿Qué es el MPP?
MPP fue anunciado el 20 de diciembre de 2018 (el gobierno mexicano lo aceptó ese mismo día); se puso en marcha en enero de 2019 y se formalizó en junio de 2019. Entre enero de 2019 y enero de 2021, más de 72 mil personas solicitantes de asilo en EEUU fueron regresadas a México a esperar sus procesos.
Esta población enfrentó condiciones precarias de estancia. Entre ellas se encuentran el nulo acceso a servicios de salud -aún en el contexto de la pandemia por Covid-19-, a la educación, al trabajo y a la vivienda. Esto, pese a que el gobierno mexicano se comprometió a garantizar una estancia digna para esa población.
Además, se documentó como fueron víctimas de extorsiones, secuestros, violaciones, asesinatos y otros delitos violentos por parte del crimen organizado y de diversas autoridades mexicanas.
En este contexto, México no sólo tiene el derecho a rechazar el restablecimiento de MPP, sino también el deber de refutar cualquier repetición futura de esta política que tiene como objetivo externalizar la frontera de EEUU hacia el territorio mexicano.
No es posible volver a implementar el Protocolo “Quédate en México” de una forma que se respeten los derechos humanos y el debido proceso de quienes necesitan protección internacional. México tiene la responsabilidad de bloquearla.
¿Qué implica el regreso de esta política?
El regreso de MPP exacerbaría las condiciones e inseguridad para quienes solicitan asilo en la frontera de EEUU con México. Las personas sometidas a esta política inhumana fueron obligadas a esperar hasta 20 meses en campamentos improvisados y en condiciones de hacinamiento.
Como señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador, “nuestro país es soberano”; en consecuencia, no debe aceptar políticas de asilo impuestas por EEUU en detrimento de la vida de las personas que buscan salvar su vida y la de sus familias. Hoy tiene la oportunidad de hacerlo mejor.
Cabe recordar que el 20 de enero de 2021, el presidente Joe Biden canceló MPP por considerarla una política inhumana. Este programa finalizó formalmente el 01 de junio del mismo año.
Desde febrero de 2021 comenzó a realizar acciones para restaurar la dignidad de las personas afectadas por esa política. Así, permitió el ingreso a EEUU de más de 13 mil personas sometidas a “Quédate en México” para que continúen sus casos de asilo en ese país.
No obstante, a partir de agosto de 2021 esas acciones se frenaron ante el fallo de la Corte. Hoy, a unos días de que el gobierno estadounidense anuncie la reinstalación de MPP, no cesaremos en llamar al gobierno mexicano a no participar y a que ponga por encima de cualquier acción la vida y protección de las personas.
