El pasado 18 de noviembre se llevó a cabo en Washington, DC la Cumbre de Líderes de América del Norte en el que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau discutieron, entre otras cosas, sobre la Covid-19, el cambio climático y la migración.
Nuevamente, organizaciones de la sociedad civil de la región llamaron a los líderes a eliminar las políticas contrarias a las legislaciones nacionales e internacionales en materia de asilo y migración, y colocar en el centro de sus conversaciones y decisiones la protección de las personas desde una visión regional. El tema migratorio no depende sólo de un país sino del trabajo conjunto con acciones y políticas de protección.
Desde hace unos años las acciones y políticas migratorias se han centrado en la contención migratoria y el cierre de fronteras. En Estados Unidos desde 2017 se comenzaron a gestar diversos esfuerzos, más de 300 órdenes ejecutivas, para cerrar su sistema de asilo; además de implementar políticas contrarias a su marco jurídico que han colocado a la población solicitante de protección internacional en situaciones de riesgo, como el Protocolo “Quédate en México” o Migrant Protection Protocols (MPP) -implementado de enero 2019 a enero 2021 y con riesgo de reinstalarse en los siguientes días- y las expulsiones bajo Título 42 desde marzo de 2020 bajo pretexto de la salud pública en el contexto de la pandemia. Aunque estas políticas son del gobierno estadounidense, necesitan la participación de los gobiernos de la región, en particular del Estado mexicano para llevarse a cabo.
Contención de la migración es preocupante
A través de una carta firmada por más de 70 organizaciones, en el contexto de la Cumbre, se expresa la preocupación por que a pesar de los compromisos declarados por las administraciones de los tres países para el respeto de los derechos humanos de las personas migrantes y solicitantes de protección internacional, las políticas y prácticas migratorias recientes son muestra de un sistema cruel, ineficiente e ilegal basado en la disuasión que viola y menoscaba el derecho internacional del derecho al asilo.
La administración Biden sigue usando de manera indebida la salud pública como pretexto para continuar con las expulsiones bajo Título 42. Así obstaculiza ilegalmente la solicitud de protección y regresa a las personas a situaciones de peligro en México y en sus países de origen.
Las organizaciones de la sociedad civil han documentado más de 7 mil 647 reportes de secuestros y otros delitos violentos contra personas a las que se les bloqueó su derecho a solicitar protección o que fueron expulsadas bajo Título 42 desde el inicio de la administración Biden. La colaboración para proteger a los migrantes sería más eficaz que las medidas de disuasión engañosas que los regresan a situaciones que las lesionan.
México es más que un cómplice
Por su parte, el gobierno mexicano no sólo ha aceptado participar en las políticas estadounidenses de control migratorio, sino ha asumido compromisos que no cumple. Por ejemplo, en diciembre de 2018 aceptó la política “Quédate en México” y se comprometió a brindar:
- Servicios de salud
- Educación
- Empleo y
- Regularización migratoria
Sin embargo, no cumplió nada de esto con la población regresada a México a esperar sus casos de asilo ante las cortes estadounidenses.
Durante los dos años activos de MPP fueron regresadas a México más de 70 mil personas y se registraron más de mil 300 eventos violentos, secuestros, extorsiones y violaciones a manos del crimen organizado y diferentes autoridades mexicanas, se obligó a las personas a establecerse en campamentos improvisados sin empleo, educación o acceso a la salud.
Mientras que en las expulsiones bajo Título 42, el gobierno mexicano se comprometió a recibir a 100 personas al día con excepción de mujeres, niñez y personas vulnerables a la Covid-19, tampoco cumplió. No sólo se han documentado el ingreso de más personas y de mujeres, niñez y familias, sino que desde agosto se han registrado vuelos desde Estados Unidos a los aeropuertos de Villahermosa, Tabasco y Tapachula, Chiapas con personas expulsadas, quienes son llevadas en autobuses por el Instituto nacional de Migración y la Guardia Nacional a la frontera con Guatemala.
La Guardia Nacional participa en la contención migratoria
Desde 2019 ha desplegado a más de 26 mil efectivos de la Guardia Nacional y el ejercito mexicano para labores de control migratorio en conjunto con los agentes de migración, al tiempo que reduce el presupuesto asignado a la Comisión Mexicana de Ayuda Refugiados (COMAR), instancia encargada de recibir las solicitudes de asilo en el país y que apenas cuenta con 6 oficina en toda la República.
A la fecha se han recibido más de cien mil solicitudes de asilo, una de las mayores cifras en los último años.
Independientemente de las expulsiones masivas y medidas intensificadas, las personas seguirán huyendo de:
- La violencia
- Inestabilidad política y
- Desastres naturales
Todo esto se agravó con el impacto de la pandemia por Covid-19. La disuasión no funciona.
Las personas migrantes y solicitantes de protección internacional, incluyendo a personas de países del norte de Centroamérica, Haití, Cuba, Venezuela y extracontinentales, pueden y deben ser atendidas en un marco de protección integral y colaborativo y no a través de una mirada de criminalización y contención.
Este marco tiene que empezar por:
- Garantizar el acceso al asilo
- Revocar el Título 42 y
- Restaurar el acceso al asilo en la frontera sur estadounidense, incluyendo puertos de entrada.
Por su parte el gobierno mexicano debe fortalecer a la COMAR y desmilitarizar las fronteras. En el caso de Canadá es urgente que tome las medidas necesarias para aumentar el número de admisiones de asilo de población proveniente de América Latina y el Caribe. Y los gobierno mexicano y estadounidense deben tomar todas las medidas necesarias para evitar el restablecimiento de MPP -no hay manera de hacer que sea seguro, humano y legal.
¿Qué faltó en la cumbre?
Sin duda, esta Cumbre debió ser una oportunidad para refrendar el liderazgo regional de los tres gobiernos y demostrar que el compromiso para defender los derechos humanos de las personas migrantes y solicitantes de protección internacional significa promover el acceso a la protección efectiva en la región.
