El gobierno de México cuenta con diferentes reformas y leyes para proteger a los migrantes que cruzan el país o que quieren permanecer en él. Sin embargo, hoy, organizaciones de la sociedad civil expusieron pruebas de que estas protecciones sólo funcionan en la teoría. Y es que, en la práctica, el trato hacia los migrantes está lleno de abusos y violencia.
Hoy, la Coalición Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una asamblea junto con funcionarios mexicanos y organizaciones de la sociedad civil. En dicha asamblea, las organizaciones mostraron el testimonio de una pareja a la que las autoridades migratorias no dejaron solicitar asilo pese a tener todos los documentos necesarios.
Así como esta pareja, hay muchas quejas más de migrantes de quienes el gobierno no ha respetado sus derechos como personas en movilidad. De acuerdo con los datos arrojados por grupos de la sociedad civil, actualmente hay cerca de 451 quejas contra las autoridades migratorias en México por situaciones similares.
Esta situación de violencia, abuso y malos tratos se acentuó cuando fuerzas armadas como la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional empezaron a colaborar con migración para proteger las fronteras norte y sur de México en 2019.
Alejandra Elizalde, representante de la sociedad civil, declara que la presencia de estas autoridades ha desembocado, incluso, en el asesinato de varias personas. También ha provocado una criminalización de los migrantes y de aquellos que buscan protección humanitaria en México.
Por su parte, el gobierno mexicano ha dicho que la militarización de la frontera es sólo para proteger tanto a las autoridades como a los migrantes. En teoría, las fuerzas armadas no pueden participar en los procesos migratorios de las personas.
Sin embargo, las organizaciones de la sociedad civil tienen pruebas de que estos cuerpos de seguridad sí participan en las detenciones de inmigrantes. Por lo tanto, el gobierno no sólo está vulnerando la integridad de las personas, sino que también está manipulando y ocultando información.
El tránsito por México: racismo, corrupción y deportaciones express
De acuerdo con las organizaciones de la sociedad civil, las fuerzas armadas en las fronteras de México están realizando detenciones basadas en el perfil racial de las personas. Esto ha provocado arrestos injustos contra personas indígenas que habitan en zonas al sur del país.
Pero, además de esto, las autoridades en los puertos de entrada están realizando cobros ilegales a los migrantes. En esta actividad están involucrados también los miembros del Instituto Nacional de Migración.
Su pretexto es que cobran cuotas extras porque ya se hicieron muchos cruces durante un solo día. Además, separan a los migrantes en grupos para dejarlos entrar, lo que en muchas ocasiones termina en familias separadas. Esto está prohibido según el gobierno de México.
Los abusos también se dan en las estaciones migratorias. Ahí hay personas detenidas incluso cuando tienen documentación para migrar legalmente. Además, también existen reportes de que se ha ejercido violencia física contra quienes se quejan de esta situación y de las malas condiciones de esas estaciones migratorias.
Por otro lado, según las organizaciones civiles, el Instituto Nacional de Migración (INM) está reteniendo a los migrantes en estas instalaciones más tiempo del necesario. Esto, sin dar aviso a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados sobre los casos de quienes desean pedir asilo.
Dichas organizaciones también reportan que miembros del INM amenazan a los migrantes para que no se atrevan a solicitar protección en México. De igual forma, están realizando deportaciones inmediatas sin dejar que los migrantes hagan sus solicitudes frente a inmigración.
El gobierno debe cambiar su política migratoria
En la asamblea de la CIDH también participó Ruth Villanueva Castilleja, directora de Protección al Migrante y Vinculación del INM. Después de escuchar los argumentos de las organizaciones de la sociedad civil, Villanueva expresó que el INM no tiene registros sobre supuestas deportaciones inmediatas.
Por otro lado, Villanueva se limitó a repetir los procesos de asilo y de protección humanitaria que existen en México. Sin embargo, ni ella ni Cinthya Pérez Trejo, directora de Atención de la COMAR, emitieron declaraciones sobre la larga lista de abusos en las autoridades mexicanas.
Es por eso que las organizaciones civiles exigen que haya transparencia en los datos de las instituciones migratorias y las fuerzas armadas en las fronteras. También piden que se investiguen todas las denuncias sobre las violaciones hacia los derechos humanos de los migrantes.
De igual forma, expresaron su disgusto sobre el uso de términos como “rescates” en los operativos del INM. Y es que esta es una forma de ocultar una larga serie de prácticas que ponen en peligro la integridad de los migrantes y que violan las legislaciones nacionales e internacionales.
