El 07 de julio, el gobernador de Texas, Greg Abbott, firmó una orden ejecutiva para militarizar el control migratorio dentro de su estado, utilizando la Guardia Nacional texana y el Departamento de Seguridad Pública para detener inmigrantes y devolverlos a la frontera.
La orden no establece en qué parte de Texas deberán actuar ni cómo los elementos de seguridad van a saber quién es una persona en situación migratoria irregular y quién no. El texto simplemente establece que los agentes deberán actuar “deteniendo a los inmigrantes que cruzan la frontera entre los puertos de entrada o quienes cometen otras violaciones de la ley federal, y devolver esos inmigrantes ilegales a la frontera en un puerto de entrada”.
Según la orden ejecutiva, la Administración de Biden ha dejado de proteger al estado ante “una invasión” y la culpa por esa situación que, dice, “ha obligado al Estado de Texas a construir un muro fronterizo, desplegar fuerzas militares estatales y celebrar acuerdos para asegurar el Estado de Texas y repeler la inmigración ilegal que financia los cárteles”. De esta forma el gobernador intenta justificar sus acciones racistas de control migratorio bajo el pretexto de proteger a la población texana de “una invasión extranjera”.
Esta orden es una más de una serie de acciones contra la migración que viola los derechos civiles y se basa en una retórica de extrema derecha que promueve el nacionalismo (proteger a las y los texanos en contra de “una invasión”) y el racismo. Además, Texas ha invertido más de 4 mil millones de dólares en el programa anti-migrante Lone Star para perseguir delitos cometidos por migrantes como allanamiento en propiedad privada.
El programa está siendo investigado por el Departamento de Justicia por violaciones a la Ley de los Derechos Civiles de 1964 (Civil Rights Act) que prohíbe la discriminación basada en raza, color u origen nacional. Al tiempo, Abbott ha firmado 15 leyes para facilitar la persecución del delito de tráfico de personas, ha construido más kilómetros de muro y ha enviado alambre de púas a los estados mexicanos que colindan con Texas para que lo agreguen de su lado.
Acuerdos de Texas con mexicanos
Más allá de la frontera, el gobernador texano firmó cuatro acuerdos de entendimiento con los gobernadores de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas para “mejorar las medidas de seguridad fronteriza que evitarán la inmigración ilegal de México a Texas”.
Los acuerdos son violatorios de la Constitución mexicana, la Ley de Migración, el marco de protección internacional para solicitantes de asilo, así como el marco normativo de la Secretaría de Gobernación, ya que establecen que, a nivel municipal, las autoridades tomarán acciones para fortalecer los puntos de control migratorio que evitan que la población migrante entre al estado y no pueda llegar a la frontera.
En el caso de Piedras Negras y Ciudad Acuña, acuerdan usar drones, vehículos todo terreno y “equipos especializados” para coordinar con el Departamento de Seguridad Pública de Texas y evitar los cruces. En el caso de que la población migrante sea detenida, las autoridades municipales acuerdan enviarla a otro punto dentro de México.
Políticas migratorias racistas del gobernador texano
Tanto las autoridades tejanas como las autoridades estatales de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas parecen haber olvidado que la migración en ambos países es de jurisdicción federal. En México, las únicas autoridades con atribuciones para realizar control migratorio son los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM). La Guardia Nacional puede auxiliar al INM desde 2019. Sin embargo, en mayo de 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucionales las revisiones migratorias por ser discriminatorias y racistas.
Tanto el presidente Biden como el presidente López Obrador declararon su desacuerdo sobre la ilegalidad de la orden ejecutiva de Greg Abbott, ya que el tema del control migratorio en Estados Unidos es del ámbito federal y los únicos agentes autorizados para detener a las personas migrantes por una entrada irregular son los agentes de la Patrulla Fronteriza.
El gobierno mexicano, más allá del tema jurisdiccional, tiene razón al estar preocupado, ya que igual que los acuerdos con los cuatro estados mexicanos, la orden ejecutiva mandata a las autoridades estatales a detener personas indocumentadas y enviarlas a la frontera, pero no delimita un espacio geográfico. Texas, aparte de tener una frontera larga con México, también cuenta con una población mexicana y de descendencia mexicana de gran escala.
Las personas latinas constituyen el 40% de la población de Texas con más de 8 millones de personas que se identifican como mexicanas. Además, en ese estado viven más de 1.16 millones de mexicanas y mexicanos indocumentados, así como 137 mil personas de El Salvador, 107 mil de Honduras y 62 mil de Guatemala. Si elementos de la Guardia Nacional y el Departamento de Seguridad Pública de Texas tienen órdenes de detener a las personas con situación migratoria irregular, ¿cómo van a distinguir entre las diferentes poblaciones si no es con criterios discriminatorios?, las mismas tácticas empleadas por las autoridades mexicanas durante las revisiones migratorias en el país.
¿Cómo afectan políticas migratorias racistas al trabajo del IMUMI?
Y todo eso, ¿cómo nos afecta en la práctica en el trabajo que realizamos con familias migrantes en México? Justo hoy recibimos una llamada de un albergue en la Ciudad de México solicitando apoyo para una familia hondureña que, por alguna razón que no entendemos, fue detenida en Piedras Negras, aun si la familia contaba con tarjetas de visitantes por razones humanitarias válidas y vigentes; fue llevada a un autobús custodiado por el INM a Michoacán, donde los agentes de migración les dejó en la calle sin una forma de comunicarse.
La familia llegó a la Ciudad de México donde contó que había estado esperando entrar a Estados Unidos para pedir asilo bajo la exención del Título 42 debido a que una de las hijas presenta una enfermedad neurológica y requiere atención médica. La madre, padre y dos niñas no quieren perder la cita y están buscando cómo regresar a Piedras Negras. No tienen dinero para viajar y no tienen sus celulares para avisar a las personas que les estaban apoyando. Esta familia no violó ninguna ley, pero el gobierno encargado de protegerles les ha hecho la vida imposible. Este caso es una muestra de cómo afectan las políticas discriminatorias y violatorias de los derechos básicos a las personas migrantes en la práctica.
