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OPINIÓN | Nada nuevo, los compromisos de México en la Cumbre de las Américas

Otro de los compromisos de México es aumentar el número de personas refugiadas trasladadas del sur de hacia lugares donde haya trabajo y tengan mejores oportunidades para integrarse al país.

Mientras las noticias alrededor de la Cumbre de las Américas se enfocaban en quién iba, quién no, y las implicaciones para la democracia y el futuro de un sistema regional en las Américas, los compromisos que realizó el gobierno mexicano en el tema migratorio se perdieron de vista. Sin embargo, la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección fue de los “productos” más tangibles, y representa un reconocimiento de parte de los Estados que la migración es un tema hemisférico. Fue de las primeras veces que Estados Unidos reconoció que no es el único país de destino en la región y que existen millones de personas que requieren de protección internacional.

La Declaración, firmada por 20 países durante la Cumbre, se enfoca en 4 pilares incluyendo la promoción de comunidades estables en lugares de origen, tránsito, destino y retorno; vías regulares y de protección internacional; gestión y control migratoria humana de las fronteras; y una respuesta coordinada de emergencias humanitarias.

Cada país anunció compromisos específicos hacia la implementación de la Declaración, la mayoría sobre programas para la expansión de visas para programas de trabajo temporal, por ejemplo, el anuncio de hace unos días de 150 mil visas para trabajadores mexicanos en Estados Unidos. Por otro lado, los Estados anunciaron compromisos para recibir un mayor número de personas refugiadas de las Americas, como Canadá que recibirá 4 mil para 2028 y Estados Unidos 20 mil entre 2023 y 2024.

Por su parte, el gobierno de México también anunció compromisos afines

Se comprometió a trabajar con el gobierno guatemalteco para otorgar visas de trabajo a entre 15 mil y 20 mil guatemaltecas y guatemaltecos por un año, y a mediano plazo, ampliar este programa de trabajo a El Salvador y Honduras. Este programa sería el único compromiso nuevo y no es claro ni cómo ni cuándo lo va a iniciar. Podría ser un anuncio a nivel ejecutivo o la ampliación de las visas temporales por oferta de trabajo que ya existe dentro de la Ley de Migración.   

OPINIÓN | La oportunidad de hacerlo mejor…

Por otro lado, México va a aumentar el número de tarjetas fronterizas de trabajo de 10 mil a 20 mil por año. Estas tarjetas de trabajo son para nacionales de Guatemala y Belice, autorizan trabajo en Chiapas, Tabasco y Quintana Roo y existen desde hace más de quince años. De hecho, entre 2010 y 2015 se otorgaron entre 15 mil y hasta 27 mil tarjetas al año, pero en años recientes han bajado los números, únicamente se otorgaron 3 mil 743 en 2021 (aproximadamente 20% son otorgadas a mujeres anualmente). Entonces, parece un esfuerzo para volver a otorgar este tipo de visas de trabajo pero no algo nuevo.    

El tercer compromiso es aumentar el número de personas refugiadas trasladadas del sur de México a lugares donde haya trabajo y tengan mejores oportunidades para integrarse al país. Este programa ya existe con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), se espera apoyar a 20 mil personas refugiadas en los próximos tres años. Parece un número bajo considerando que en 2021 la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) recibió más de 131 mil solicitudes de asilo y casi 20 mil personas refugiadas recibieron la residencia permanente.

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En el tercer pilar

La gestión humana de las fronteras, únicamente los Estados Unidos anunció programas en contra del tráfico de personas, pero estos programas tendrán la colaboración de todos los Estados para compartir información y trabajar de forma conjunta entre autoridades de seguridad pública. En las semanas posteriores a la Cumbre, el gobierno estadounidense anunció la “Operación Sting”, que se supone responde al operativo encubierto para desarticular redes de tráfico de personas en el hemisferio. Entre abril y mayo de 2022, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos reportó “un incremento de su personal en mil 300 en la región y una inversión de más de 50 millones de dólares en apoyo a estas actividades. Hasta finales de mayo, los esfuerzos han producido cerca de 20 mil medidas de interrupción total, que incluyen detenciones y procesamientos penales, confiscaciones de bienes como viviendas y vehículos usados para el ocultamiento y el contrabando de personas, e investigaciones penales”.     

Será importante monitorear la implementación de las acciones en contra del tráfico de personas en la región, ya que cada vez más agentes de Estados Unidos están presentes en la capacitación, apoyo técnico y físicamente como “asesores” de agentes migratorios de otros países. En México, por ejemplo, “asesores” de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) acompañan a agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) en revisiones de personas abordando vuelos nacionales hacia el norte del país, un acto que de por sí viola la Constitución mexicana.  

Mientras que recientemente el Embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, ha hecho declaraciones sobre las caravanas como movimientos manipulados por traficantes de personas, sin dar sus fuentes, pero con un intento de seguir criminalizando a las personas, muchas con necesidades de protección, que buscan obtener un documento para poder trabajar, comer, salud y otras necesidades de sobrevivencia en México.  La Declaración de Los Ángeles, el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular y otros compromisos regionales e internacionales no son vinculantes, pero son instrumentos útiles para monitorear y medir las acciones de los gobiernos en el tema de migración y protección internacional.

Los tres anuncios de México demuestran buenas intenciones para caminar hacia una mayor integración con Guatemala, El Salvador y Honduras, y facilitar la integración de personas refugiadas en el país. Sin embargo, las barbaridades cometidas por los agentes de migración, elementos de la Guardia Nacional, policías estatales y hasta vendedores de boletos de autobuses, que se han sumado a los esfuerzos de contención migratoria, tienen impactos negativos y más inmediatos que los programas anunciados.