Las revisiones migratorias en las carreteras de México son inconstitucionales, según determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Por lo que los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) ya no podrá hacer revisiones migratorias en las carreteras de México, ya que es un práctica discriminatoria y racista.
El Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) denunció esta práctica. Por lo que tramitó un amparo para proteger los derechos de cuatro indígenas de la comunidad maya tzeltal que detuvieron los agentes de migración.
Según el IMUMI y con base en los artículos 97 y 98 de la Ley de Migración, se vulneran los derechos a la igualdad y no discriminación por razones de origen étnico o racial, ya que tienen un mensaje estigmatizante.
El documento establece que este tipo de acciones generan la posibilidad de que los agentes migratorios interrumpan el tránsito de las personas. Además, las llevan a un centro de detención y les provocan impactos diferenciados en las personas indígenas.
De igual forma, los demandantes se ampararon contra los artículos 16, fracción II, 17, 20, fracción VII, 97, 99, 100 y 121 de la Ley de Migración. Sin embargo, los ministros determinaron que éstos no son violatorios del derecho al libre tránsito y no son discriminación.
El caso de los indígenas tzeltales en las revisiones migratorias en carreteras de México
En 2015, cuatro trabajadores agrícolas de la comunidad maya tzeltal tuvieron que pararse porque los agentes de migración los detuvieron. Los jóvenes iban rumbo a Sonora para trabajar en la recolección de calabaza, sandía y melón.
Al llegar a la caseta de San Juan del Río, Querétaro, los agentes migratorios detuvieron el autobús donde iban y solicitaron la documentación a 10 personas, incluidos los indígenas. Todos mostraron su credencial de elector y los agentes aseguraron que eran documentos falsos y que los jornaleros provenían de Guatemala.
Los llevaron a una estación migratoria para darles asilo temporal y les dieron cuatro días para demostrar que eran mexicanos. Los jóvenes pudieron acreditar su nacional, pero tomaron acciones legales en su contra e impugnaron la Ley de Migración con ayuda de organizaciones civiles.
En 2019, las autoridades ofrecieron una disculpa pública y reconocieron que la detención se hizo bajo perfilamientos raciales y sin ninguna razón.
