El Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), urgió al Gobierno mexicano incluir la violencia de género como una nueva causal de asilo y refugio en México para las mujeres migrantes porque ellas huyen de sus países por razones de violencia, pero dentro del territorio mexicano se encuentran con contextos similares.
La organización determinó lo anterior, tras hacer un análisis sobre el contexto de violencia en Centroamérica, Cuba, Venezuela y Haití porque son los principales países de donde surgen las solicitudes de asilo registradas ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).
“La violencia de género que viven las mujeres migrantes se correlaciona con otros factores estructurales, como la dificultad para acceder a servicios públicos de salud, educación e incluso una vivienda digna en el país de acogida. Asimismo, la integración sociocultural representa un verdadero problema ante actitudes racistas, xenófobas y homofóbicas que alcanzan a las mujeres migrantes”, explicó el IMUMI en la investigación Contexto General de la Violencia en Centroamérica, Cuba, Venezuela y Haití. Un acercamiento para reconocer la violencia de género como causal de asilo en México.
Remarcó que todos los factores correlacionados en la violencia de género en agravio de las mujeres migrantes, vistos como un conjunto se convierten en uno de los principales retos a enfrentar para quienes deciden ver a México como un lugar no solo de tránsito, sino también de destino.
Esto, porque las mujeres migrantes salen de sus países presionadas por la violencia, pero dentro de México se encuentran con los mismos escenarios violentos ejercidos por las instituciones, grupos delictivos y la misma ciudadanía.
En países de Centroamérica, como El Salvador, Honduras y Guatemala, las mujeres se enfrentan a niveles extremos de violencia de género, perpetrada sobre todo por los integrantes de las pandillas que utilizan la violencia sexual como medio para mantener su autoridad y dominio sobre una zona determinada.
La condición de las mujeres se vuelve muy peligrosa debido a la cultura machista del país, unida a las prácticas de las bandas criminales que promueven la violencia y desvalorizan a las mujeres, como el secuestro, la violación, la agresión sexual y el acoso a mujeres y niñas de forma habitual; así como la trata de personas con fines de explotación sexual y laboral.
En Centroamérica, los miembros de las pandillas suelen sentirse con derecho sobre las mujeres y las perciben como de su propiedad; la obligan a mantener relaciones sexuales o románticas con ellos e incluso a participar en actividades delictivas, por eso ellas huyen de su país.
Las mujeres de Haití, Cuba y Venezuela, viven en medio de una crisis económica, política y social, en algunos casos provocadas por gobiernos autoritarios y de dictadura que con sus políticas gubernamentales han obligado a mucha de su población a dejar su hogar, sobre todo las mujeres que al no encontrar ninguna protección de sus gobiernos, a pesar de que cuentan con leyes en materia de violencia de género, deciden emigrar hacia los Estados Unidos (EE. UU.), aunque actualmente ven a México como una opción para asentarse permanentemente.
Asilo político en México
En México el asilo político está legislado por el artículo 15 de la constitución federal y por la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político.
De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, las figuras legales de refugio y asilo son entendidas como sinónimos, debido a que ambas tienen la finalidad de dar protección a las personas que no pueden recibirla de sus gobiernos y en sus países.
El refugio es una institución jurídica del derecho internacional, mientras que el asilo es una institución jurídica del derecho interamericano; la primera protege a grupos y la segunda a individuos.
El refugio y asilo son de naturaleza humanitaria y conforman elementos fundamentales de la política migratoria mexicana, el asilo tiene un acento especialmente político, ya que protege la vida, la libertad y la seguridad de las personas que son perseguidas por sus ideas o actividades políticas.
Violencia de género como causal de asilo
El Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), en un análisis cualitativo concluyó que la violencia comunitaria, familiar, sexual, física, económica e institucional, así como la desigualdad son algunas de las causas por las que las mujeres salen de sus países con la esperanza de vivir mejor en otro lugar, como México.
Sin embargo, esa cadena de violencia no termina al emigrar, porque también son perseguidas más allá de las fronteras o se enfrentan a la discriminación y rechazo en el Estado en el que se encuentran con acciones discriminatorias, de desigualdad, clasismo, racismo y más violencia.
Por ello, la organización que acompaña a las mujeres migrantes sugiera a México considerar la violencia de género como una causal más de solicitud y aprobación de asilo.
La COMAR, registró de enero a mayo de 2021, un total de 41 mil 195 solicitudes de asilo, 40 por ciento corresponden a mujeres, que equivalen a 16 mil 239. La mayoría de las mujeres que buscan asilo provienen de Honduras, El Salvador, Guatemala, Venezuela y Haití.
En 2020, las mujeres representaron el 38 por ciento de quienes solicitaron asilo en el país, peticiones que se concentraron principalmente en el sur de México.
Aunque el artículo 13 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político de México establece a la violencia en razón de género como una causal para solicitar y ser reconocida como refugiada en México.
Pero para el IMUMI, no basta con reconocer en papel la condición de asilo a las mujeres, sino que se necesitan acciones que lo garanticen.
“La COMAR debe considerar el enfoque de género al momento de resolver las solicitudes de asilo, no hacerlo profundiza las desigualdades sociales que viven las mujeres y reproduce la violencia”.
Para las mujeres solicitantes de asilo, la reproducción de la violencia se da desde la espera de su proceso, muchas veces largo, en detención y en condiciones de hacinamiento, así como en las cargas desproporcionadas en el cuidado de sus familiares, y las dificultades para acceder a servicios básicos de salud, educación y empleo.
Para las mujeres refugiadas, significa no poder acceder a trabajos justos, educación para sus hijas e hijos, servicios de guarderías, y rechazo de la comunidad. En el contexto de la pandemia, al dificultar su acceso a la salud e ignorando sus especificidades al momento de integrarlas en los planes de vacunación contra la covid-19.
La organización defensora de las mujeres migrantes afirma que negar el derecho a solicitar asilo, retrasar las resoluciones, intervenir para que desistan de sus solicitudes, detenciones prolongadas en condiciones precarias o separación familiar en la detención, constituyen formas de violencia institucional.
De las mujeres que fueron representadas por el IMUMII, en 2020, 7 de cada 10 reportó haber sufrido agresiones físicas, ya sea en su país de origen o en México, no solo por miembros de pandillas y de la delincuencia organizada, en algunos casos también de la familia, compañeros de trabajo, y autoridades, ya sean policías, militares, guardia nacional o agentes de migración, representando una constante amenaza para su movilidad y búsqueda de protección. Además de no existir mecanismos efectivos y eficientes de acceso a la justicia, lo que impide que denuncien la violencia de la que son objeto.
