Desde finales de agosto hemos visto imágenes de personas migrantes y solicitantes de protección internacional tratando de salir de Tapachula, Chiapas para buscar mejores condiciones para vivir, incluyendo acceso a vivienda, trabajo, y servicios de salud. La reacción de los agentes migratorios y la Guardia Nacional fue brutal y flagrante, a tal grado que durante semanas seguían las imágenes en la televisión y las redes sociales a pesar de los reclamos de organismos de Naciones Unidas, organizaciones internacionales, algunos lideres de opinión y la sociedad en general. El Instituto Nacional de Migración (INM) sabe que puede sobrellevar la situación con unos comunicados porque goza de impunidad.
Muchos de los migrantes en las imágenes son haitianos que llevaban entre un mes a más de un año tratando de solicitar asilo en México. Desafortunadamente, sin resultados debido a la suspensión de trámites durante la pandemia y el rezago institucional de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR).
Son familias haitianas que buscan trabajar y cuidar a sus familias. Han estado viviendo en pequeños cuartos o inclusive en la calle. Y conforme pasan los meses escala la frustración, las niñas y los niños crecen sin escuela y las enfermedades se agudizan.
Las personas migrantes enfrentan:
- Racismo y xenofobia que se muestran en comentarios y comportamientos -precios más altos
- Negación de servicios y pequeñas y grandes extorsiones.
También tienen que sortear barreras de comunicación –no hablan español y hay una falta de traductores al creol y francés. No fue y no es sostenible. Tapachula carece de servicios para las más de 70 mil personas migrantes esperando respuestas a sus solicitudes de protección y el gobierno federal ha hecho poco para mejorar la situación -deja a la COMAR sin recursos y fortalece el aparato de control a través del INM y la Guardia Nacional.
Autoridades saben cuáles son sus obligaciones con las personas migrantes, pero no cumplen
Las autoridades encargadas de la protección de estas personas saben lo que deberían hacer, pero se resisten por falta de recursos y voluntad.
El marco legal mexicano contempla varias formas para regularizar la estancia de la población con necesidades de protección, a través de:
- Solicitudes de asilo
- Por razones humanitarias
- Por ofertas de trabajo o si tienen hijas o hijos nacidos en el país
Pero México quiere seguir enviando el mensaje de no vengan. Esto es porque sabe que saldrán más personas de Haití en los próximos meses debido al asesinato del presidente Jovenel Moise el pasado 7 de julio, más el impacto del temblor y de las tormentas tropicales recientes. Las imágenes de violencia y racismo incluso ayudan a las autoridades en su campaña de disuasión.
Por su parte, Estados Unidos tiene una fuerte deuda histórica con Haití y sabe que en ese país no existen condiciones para recibir a las miles de personas que están siendo deportadas, pero está creando su propia campaña de disuasión, incluyendo las imágenes de agentes de la patrulla fronteriza acorralando a las personas haitianas con lazos a caballo para que no vuelvan a cruzar el Rio Bravo, después de haber ido por comida para sus familias. Las imágenes ayudan como recordatorio del racismo impregnado en el sistema de control migratorio estadounidense y en la sociedad en general.
México y USA cómplices en la contención
Ante estas contradicciones, las autoridades estadounidenses y mexicanas organizan acciones de contención –vuelos de EE.UU. y Piedras Negras a Puerto Príncipe, de la frontera norte a Tapachula y Villahermosa, moviendo personas en el sentido contrario a donde están las mejores condiciones de vida y la reunificación familiar que buscan.
Las únicas personas que ganan algo de esta tragedia humana son los traficantes, las redes del crimen organizado son quienes alientan la esperanza de que en EE.UU. el presidente Biden está implementando acciones de protección para la población haitiana a través del Programa de Protección Temporal (TPS), la más recién anunciada el 03 de agosto para personas que estuvieron residiendo en territorio estadounidense desde antes del 29 de julio, que ofrece protección migratoria para 18 meses y que podrá ser extendido. Mientras, los traficantes venden información falsa. Es una cadena de esperanza de reunificación familiar y mejores condiciones de vida que deja a miles de familias vulnerables a los traficantes.
Las familias que no cuentan con los fondos para pagar a traficantes (o las extorsiones de autoridades del INM, policía, Guardia Nacional, etc.) han construido formas de viajar en grupos pequeños, caminando sobre rutas que se comparten en sus redes, que explican cómo sobrevivir las 215 horas necesarias para llegar de Tapachula a la Ciudad de México donde pueden reorganizarse y pedir apoyo a la COMAR, su único punto de referencia de posible apoyo gubernamental.
Los albergues están satrurados
Desde mediados de septiembre empezaron a llenarse los albergues de la Cuidad de México y en las últimas semanas ya se saturaron con más de 800 personas entre los 5 albergues principales y algunos hoteles. Entre las redes humanitarias hay mucho apoyo en la recolecta de ropa, comida e insumos de higiene y medicamentos. Mientras, muchos van cada día a la COMAR para buscar alguna respuesta a su solicitud de asilo para saber que sigue.
Dicen que quisieran quedarse a vivir en México, pero necesitan un documento migratorio con autorización para trabajar y una oportunidad para sobrevivir.
El gobierno de la Ciudad de México ha decidido ignorar la situación hasta ahora. Ellos apuestan a que los migrantes que decidan o tengan que ir a otro lado, porque en México la política de protección internacional trata de poner tantas barreras a los procedimientos que sea imposible sobrevivir, buscar trabajo, vivienda y un poco de dignidad. Para poder lograr algún nivel de integración, necesitan redes de apoyo, comunidades de familias y amigos, y eso es lo que resiste el Estado mexicano, a pesar de ser un país de 126 millones de personas con una tasa de inmigración por debajo del .05%.
