La ciudad de Corona pagó a un hombre 35 mil dólares después de que los funcionarios lo entregaron a Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) durante una parada de tráfico en enero pasado.
Esto fue una violación de la ley de santuario de California, según la Fundación de la Unión Americana de Libertades Civiles del Sur de California.
La organización presentó una queja contra la ciudad en nombre de Daniel Valenzuela, a quien la policía de Corona detuvo por exceso de velocidad.
Sin embargo, en lugar de darle una multa, los oficiales le hicieron a Valenzuela una serie de preguntas sobre su estado migratorio.
Según la ACLU, los oficiales lo mantuvieron esperando hasta que llegaron los agentes de CBP y Valenzuela finalmente fue enviado a México.
“La ley estatal santuario prohíbe a los agentes locales notificar a los funcionarios federales sobre el estado migratorio de una persona”, dijeron funcionarios en un comunicado.
Eva Bitrán, abogada del personal de la organización, dijo que la ACLU continuará responsabilizando a las agencias policiales por no cumplir con la ley del santuario.
“Todos estamos más seguros cuando los departamentos de policía permanecen fuera del negocio de la aplicación de la ley de inmigración”, dijo.
Desde la detención de Valenzuela, el Departamento de Policía de Corona exigió a los policías hablar con los supervisores antes de contactar al CBP.
Además, el departamento ha vuelto a capacitar a los oficiales para asegurarse de que sepan que los automovilistas pueden conducir con una licencia extranjera.
Así como que es “incorrecto” que los oficiales se comuniquen con las autoridades de migración para preguntar sobre el estado del conductor.
La ACLU señaló, sin embargo, que los cambios no formaban parte del acuerdo oficial.
