Octubre trajo un nuevo periodo a la Suprema Corte, y durante los próximos meses los jueces retomarán algunos casos migratorios con grandes consecuencia para los migrantes.
Entre los casos más importantes y controvertidos se encuentra la discusión acerca de la permanecía o eliminación del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), el caso del menor asesinado en México por un agente de la Patrulla Fronteriza y el enjuiciamiento de los trabajadores arrestados durante la mega redada realizada en agosto en Mississippi.
La resolución de la Iniciativa DACA
La Suprema Corte dio a conocer que será el 12 de noviembre cuando debata si continúa o no la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), programa creado por el expresidente Barack Obama para beneficiar a los menores migrantes permitiéndoles trabajar y estudiar.
Fue el 5 de septiembre de 2017 cuando el gobierno del presidente Donald Trump anunció el fin del programa y dio un periodo de un mes (hasta el 5 de octubre) a los beneficiarios de DACA para renovar.
En enero de 2018 el juez federal William Alsup emitió un fallo que reactivaba temporalmente el programa, posteriormente otros jueces se opusieron al fin de DACA bajo el argumento de que la decisión de Trump viola la Ley de Procedimiento Administrativo (APA).
El final de DACA cambiaría la vida de cientos de miles de personas en los Estados Unidos, pues el número de migrantes beneficiados por la iniciativa es de unos 700 mil.
Asesinato de un mexicano por un agente de la Patrulla Fronteriza
Otro de los casos migratorios que tomará la Suprema Corte es de Sergio Adrián Hernández, menor de edad baleado en México desde el otro lado de la frontera por un agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.
Sergio jugaba con un amigo en el canal que divide Ciudad Juárez, Chihuahua, y El Paso, Texas, cuando el agente Jesús Mesa disparó desde el lado estadounidense. Una bala hirió a Hernández, que estaba en el lado mexicano de la frontera, matándolo.
Será el 12 de noviembre cuando el tribunal determine si la familia de Hernández puede demandar al agente de la Patrulla Fronteriza por daños.
Para reconocer el reclamo de daños y perjuicios de la familia, el Tribunal debe determinar que el agente violó la Constitución al usar fuerza excesiva y mortal contra Hernández.
Al tomar esta determinación, el Tribunal considerará si el Agente Mesa está protegido bajo “inmunidad calificada”, una doctrina legal que protege a los oficiales federales de enjuiciamiento cuando actúan dentro del alcance de su empleo.
Procesamiento de trabajadores migrantes
El 16 de octubre, la Corte Suprema abordará si los documentos federales pueden respaldar los cargos penales estatales y si la ley federal de inmigración impide que los estados sancionen penalmente a los no ciudadanos por robo de identidad.
Este caso destaca un patrón recurrente, el enjuiciamiento de trabajadores migrantes no autorizados; son los trabajadores, no los empleadores, los que están siendo llevados ante los tribunales.
Por ejemplo, en las redadas de ICE en Mississippi este verano, un investigador federal testificó que había una causa probable para creer que los empleadores contrataron a trabajadores no autorizados “con el fin de obtener ventajas comerciales o ganancias financieras privadas”.
Sin embargo, ninguno de los empleadores ha sido procesado.
Cada uno de estos casos migratorios tendrá implicaciones políticas de largo alcance que afectarán a los inmigrantes en todo Estados Unidos.
Con suerte, el Tribunal aprovechará esta oportunidad para aumentar los derechos de debido proceso de las personas afectadas por la aplicación de la ley de inmigración en los Estados Unidos.
Los casos migratorios que involucran abuso y fuerza excesiva rara vez resultan en una acción disciplinaria seria por parte de la agencia. Sin embargo, los fallos de la Suprema Corte podrían tener consecuencias reales para los funcionarios de inmigración que violen los derechos de los no ciudadanos.
Con información de Inmigration Impact
