A casi ocho años de la muerte de Sergio Adrián Hernández, un tribunal de apelaciones estadounidense determinó que la familia del joven no tiene derecho a pedir una indemnización al agente que le disparó.
De acuerdo con la agencia de noticias EFE, el Tribunal de Apelaciones del Distrito Quinto, con sede en Nueva Orleans, emitió su sentencia la noche del martes.
De acuerdo con las versiones oficiales, el incidente tuvo lugar el 7 de junio de 2010, cuando el agente fronterizo Jesús Mesa disparó en la cabeza a Hernández, quien en ese entonces tenía 15 años y se encontraba en el Puente negro, que une a la ciudad de El Paso con Ciudad Juárez.
De acuerdo con los magistrados que llevaron el caso, existen dos versiones de los hechos.
La versión estadounidense sostiene que el joven es un criminal, mientras que la familia del menor, que es respaldada por México, asegura que Hernández solo jugaba mientras le dispararon.
Según los familiares del occiso, Sergio y sus amigos corrían hasta la valla metálica de EU, la tocaban y regresaban a hacia México.
Sin embargo, en uno de estos recorridos, el agente Mesa le disparó desde el lado estadounidense de la frontera, a 18 metros de distancia.
Por su parte, el Gobierno de Estados Unidos retrata a Hernández como parte de un grupo de traficantes de personas que trataba de cruzar de manera ilegal la frontera y que rodeó y atacó con piedras al agente Mesa, que disparó supuestamente para defenderse.
Sin embargo, un video grabado con un teléfono y difundido poco después del suceso desmintió esa versión: mostró que Mesa no estaba rodeado y disparó contra Hernández varias veces, mientras el joven se asomaba desde detrás de una columna de cemento.
A pesar de esto, la Corte determinó que la familia no tiene derecho a acogerse a la Constitución para pedir una indemnización por la muerte de Hernández, quien falleció en el lado mexicano de la frontera por los disparos del agente fronterizo.
“Porque Hernández era un ciudadano mexicano sin lazos con este país y porque su muerte ocurrió en territorio mexicano, la idea de que podría beneficiarse de algún derecho ‘constitucional’ plantea nuevas cuestiones controvertidas”, expresó el tribunal de apelaciones.
Parte del problema es que el fallo de los jueces se basó en la Constitución y no en el comportamiento del oficial.
