A menos de 24 horas de que el presidente Donald Trump anunciara el fin del TPS para Nicaragua y un futuro incierto para Honduras, grupos civiles anunciaron las acciones que tomarán para proteger al programa y a sus beneficiarios.
En conferencia de prensa, la Alianza TPS señaló que la decisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) respecto a Nicaragua es cruel, afecta a miles de migrantes que han vivido durante varias décadas en EU y que llegaron de forma legal al país.
Respecto a los ciudadanos hondureños, los activistas sostienen que las autoridades solo prolongaron la incertidumbre y temor de estas familias al pensar que podrían ser separadas.
“Son personas trabajadores que lo han dado todo por este país, esa incertidumbre llena a nuestra comunidad de miedo y trauma”, dijo Martha Arévalo, directora del Centro de Recurso Centroamericanos (Carecen).
Más que una prórroga, los activistas pidieron a los legisladores de ambas cámaras una legislación que dé solución de forma permanente a las familias beneficiadas por el Estatus de Protección Temporal (TPS) y no prolongar el sufrimiento de las comunidades.
Por su parte, líderes de la comunidad salvadoreña expresaron su preocupación por desconocer lo que va a pasar con ellos. Dicen que necesitan una solución permanente para sus familias y para continuar contribuyendo a la nación.
Hondureños beneficiados expresaron su temor y señalaron que en algunos casos sus países están en una situación peor de la que estaba cuando dejaron su país. Remarcaron que Centroamérica está devastada por las pandillas y el crimen organizado, lo único que quieren es un trabajo y están en el limbo.
Del mismo modo piden a los beneficiarios del TPS no tener miedo y unirse al movimiento para exigir una solución permanente.
En tanto, corporaciones y empresas se sumaron a la campaña para defender a sus empleados, dado que reconocen el aporte que estos han hecho al país y remarcaron que después de contribuir con impuestos todos tienen el derecho de ser ciudadaños.
