Militarizar la política migratoria ha traído graves consecuencias y ha propiciado escenarios de violencia para solicitantes de protección internacional, mujeres y niñas migrantes en México; el hecho de que la seguridad pública sea militarizada ocasiona que los desplazamientos internos se eleven, generando mayores cargas de cuidados para las mujeres.
El enfoque de contención y criminalización de la migración sólo generó un aumento en los eventos de detención migratoria de mujeres, tal como lo documentaron organizaciones civiles como:
- IMUMI
- Caminantas
- Las Vanders
- El Centro de Estudios en Cooperación Internacional y Gestión Pública
- La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos
Incremento en la detención de mujeres migrantes en México
Para 2018 se tenía un registro de 31 mil 679 detenciones, mientras que para el 2022, la cifra aumentó a 71 mil 788.
Y no solo esto, pues la detención hacia las menores de edad ha continuado, a pesar de que en 2021 había quedado prohibido que tanto las niñas, como sus familias fueran detenidas.
A parte de las detenciones también hay “devoluciones en caliente”
En los aeropuertos y fronteras se han registrado un aumento en las “devoluciones en caliente”, las cuales hacen referencia a las expulsiones expeditas de los migrantes, sin que ellos tengan la garantía al proceso o al derecho a solicitar asilo.
Generando más casos de separación familiar, afectando a las mujeres, quienes al ser separadas, se enfrentan a la falta de una perspectiva de género en la política migratoria del país.
Organizaciones emiten una serie de recomendaciones al Gobierno de México
Ante estas problemáticas que el mismo estado ha generado, las organizaciones han elaborado una serie de recomendaciones al gobierno mexicano, las cuales son:
- Elaborar lineamientos y criterios públicos, desde una perspectiva de género
- Fortalecer con recursos humanos y materiales a las fiscalías especializadas en delitos contra personas en movilidad
- Desvincular la documentación migratoria con autorización para trabajar de la oferta de un empleador en el marco legal y político migratorio
- Garantizar el acceso a la seguridad social de las jornaleras agrícolas migrantes y sus familias
- Crear mecanismos que regulen las relaciones laborales entre las trabajadoras migrantes y sus trabajadores
- Reconocer las necesidades de las mujeres desplazadas internamente
- Garantizar el acceso a la justicia y reparación del daño
- Generar programas y políticas públicas que garanticen el derecho de las mujeres y las niñas en contexto de movilidad a una vida libre de violencia
Continúan sin protección mujeres y niñas migrantes en México advierte IMUMI al Comité CEDAW
El IMUMI y las organizaciones antes mencionadas realizaron un escrito dirigido al Comité CEDAW.
En él pidieron que el gobierno haga un informe minucioso de los avances en el cumplimiento de las obligaciones ya solicitadas que incluyen recomendaciones sobre mujeres migrantes, solicitantes de asilo y reconocidas como refugiadas.
Además de que el próximo 30 de octubre, en la 88° sesión del Comité, las organizaciones informarán sobre los retrocesos en la política migratoria de México y su impacto en la garantía de derechos de las mujeres y las niñas en contextos de movilidad.
El Estado mexicano tiene que generar un mecanismo interinstitucional para implementar las observaciones finales que emite el Comité CEDAW y llevar a cabo las recomendaciones elaboradas por las organizaciones a fin de garantizar los derechos de las niñas y las mujeres en contextos de movilidad.
