Zuheidy salió de Venezuela hace un mes junto con sus hijas. La precariedad y violación sistemático de los derechos humanos le obligó a buscar alternativas para brindarles mejores condiciones a su familia. Más de 7.1 millones de venezolanas y venezolanos han salido de su país desde 2015, la mayoría solicitando protección en Colombia, Ecuador y Perú, pero en los últimos tres años algunas empezaron a moverse hacia Estados Unidos. Zuheidy forma parte de las más de 330 mil personas que han pasado a través del Tapón del Darién de enero a agosto de 2023, 97 kilómetros de selva entre Colombia y Panamá que desde 2022 ha visto intensificarse el paso de familias venezolanas -y desde 2021 de haitianas- quienes se enfrentan a violencias extremas por grupos criminales.
Al llegar a México, buscó la forma de continuar, esquivando los múltiples retenes migratorios para llegar a la Ciudad de México donde podría registrarse para una cita para solicitar asilo en Estados Unidos a través de la aplicación CBP One, pues no tiene una red en ese país que le permita acceder al programa de parole humanitario. Desde la salida de Venezuela su tránsito ha sido violento y la falta de vías regulares ha puesto en riesgo su vida y la de su familia, pero es peor quedarse en su país sin la posibilidad de darles lo básico a sus hijas.
El tránsito de Zuheidy dentro de México pudo haber sido menos violento pero las medidas de contención migratoria que el gobierno mexicano ha implementado no se lo permitieron. Desde enero de 2022, la administración de Andrés Manuel López Obrador implementó el visado para nacionales de Venezuela, Ecuador y Brasil, nacionalidades que antes podían entrar al país sin la necesidad de una visa. Una vez en México, desde 2019, obligó a las líneas de autobús a ser agentes migratorios al establecer que cualquier persona migrante debe mostrar una identificación oficial y un documento de estancia migratoria regular en el país para poder comprar un boleto y subirse a un autobús, e incrementó la presencia de agentes migratorios, Guardia Nacional, Ejército y policía local en labores de revisiones migratorias. Desde octubre de 2022, México inició la aceptación de devoluciones a través de la frontera desde Estados Unidos, de nacionales de Venezuela y desde enero de 2023 de Cuba, Haití y Nicaragua. Además, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) ha estado saturada desde 2019 debido, en parte, por la poca posibilidad de tramitar una estancia regular a través del Instituto Nacional de Migración (INM).
El hecho de aceptar personas de terceros países, además de las deportaciones de personas mexicanas, significa que hay un mayor número de personas circulando en México. Ante esta situación, la política migratoria de desgaste ha llegado a nuevas dimensiones. El INM está moviendo a las personas por todo el país en autobuses, de norte a sur, o en Chiapas, de Tapachula a Tuxtla Gutierrez. Las personas reciben oficios de salida, una carta que les da 10 días para salir del país. A menudo si se mueven nuevamente hacia el norte, sus documentos son destruidos por las autoridades y las personas son regresadas al sur. En Veracruz, las autoridades están implementando acciones en contra del tráfico de personas a través de retenes en las carreteras que con frecuencia acaban en accidentes y muertes de personas migrantes que se ven obligadas a contratar guías porque no hay forma de regularizar su situación y transitar en autobús. Las políticas de contención orillan a las personas a tomar riesgos, acabando encima de trenes, en el lomo de los camiones –todo para que las mismas autoridades que impiden su tránsito, las puedan “rescatar”.
Zuheidy sólo es un caso de las miles de familias que hoy se encuentran en México y buscan acceder a una cita a través de CBP One o regularizar su situación migratoria en el país sin que haya las condiciones para su espera o para recibir protección. Las autoridades han dejado a los albergues de la sociedad civil el peso de la atención a las personas migrantes aunque fueron ellas las que decidieron aceptar e implementar políticas migratorias de contención. Sea en el sur, centro o norte del país, los albergues se encuentran saturados, algunos al doble de su capacidad, pero cómo dejar a la deriva a las familias que lo único que buscan es un espacio donde descansar mientras toman fuerzas y revisan sus posibilidades, porque aun con un documento migratorio en el país o reconocidas como refugiadas su integración es compleja.
El gobierno mexicano está jugando a cansar a las personas para que solas decidan regresar a sus países. Ha implementado diversas estrategias que las agota y rompe para disuadir su posibilidad de buscar protección. Hace unos días, el INM emitió una comunicación en donde señala acuerdos con CBP para frenar la migración y deportar a personas de Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua – nacionalidades que son difíciles de deportar precisamente por las violaciones a derechos humanos e inseguridad que se viven en esos países. Más que acuerdos de contención necesitamos acuerdos de protección y atención a las necesidades básicas de las poblaciones que han decidido recibir desde Estados Unidos y quienes están en territorio mexicano.
