El tema migratorio se encuentra en el centro de la discusión pública, pues se vive una crisis en la cual miles de personas han sido expulsadas de sus lugares de origen y buscan movilizarse para sobrevivir. Este panorama nos debe ocupar como Estado y como sociedad.
Por mencionar algunos ejemplos, la semana pasada en las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) en Chiapas, se suscitó una avalancha de inmigrantes ante la desesperación de ser atendidos. También la empresa Ferromex determinó suspender por unos días la operación de 60 trenes de carga, por la seguridad de los migrantes: en Oaxaca una camioneta con 22 inmigrantes se volcó.
Sin duda, estos hechos nos recuerdan que la crisis migratoria es compleja y requiere de soluciones interinstitucionales para que no se repitan sucesos lamentables como el incendio de una estación de migrantes ocurrido el 27 de marzo de este año en Ciudad Juárez, Chihuahua, en el que 40 personas migrantes perdieron la vida y 27 más resultaron heridos.
Por esta tragedia, el 8 de mayo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) solicitó una partida presupuestal especial de 140 millones para reparar el daño de las víctimas, misma que fue encargada a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
Ante este contexto, la información pública es pieza clave para el respeto integral a los derechos humanos, al trato digno de las personas migrantes e incluso a la reparación del daño de víctimas.
Asimismo, el interés de la sociedad se ha manifestado constantemente. En la Plataforma Nacional de Transparencia existen, vinculadas a la temática migratoria: 578 mil registros de información pública, 89,478 solicitudes de información y 604 quejas de respuesta.
En específico, en el caso de los recursos de revisión que se han interpuesto, en 2018 se contabilizan 36; en 2019, 69; para 2020 fueron 34; en 2021, 34; 2022 sumó 42; y en lo que llevamos de 2023 van 39. En las entidades también se ha manifestado el interés: Puebla acumula 530 solicitudes a su instituto local de migración; Zacatecas cuenta con 376; y le sigue Chihuahua con 300 solicitudes.
No debemos ser indiferentes ante la situación porque la solución debe venir en varias vías. Por ello, la semana pasada resolví un recurso para que se informe sobre el fideicomiso –responsabilidad de la CEAV– para la reparación del daño a familiares de las víctimas de Ciudad Juárez, y esta semana resolveremos, entre otros, un asunto para que se entregue información sobre migrantes deportados en zonas fronterizas.
El Estado mexicano no puede permitir que suceda otra tragedia como la que ocurrió en Chihuahua; las herramientas de transparencia funcionan precisamente para aclarar dichos procesos y combatir las violaciones a derechos humanos que podemos sufrir todas y todos.
