Hace unos días se cumplió un año de la Declaración de Los Ángeles de la IX Cumbre de las Américas, en la que se establecieron las pautas para gestionar la migración en el continente bajo cuatro pilares:
- Estabilidad y asistencia a las comunidades de origen
- Tránsito y destino
- Vías regulares de migración y protección internacional
- Gestión humana de la migración
- Respuesta de emergencia coordinada
Fue firmada por 20 países de la región, incluido México.
El Estado mexicano se comprometió a consolidar trabajo con Estados Unidos en temas como:
- Movilidad laboral y protección para la niñez y la adolescencia no acompañada
- Ampliar la integración al país de 20 mil personas refugiadas en tres años
- Implementar un programa de movilidad laboral con Guatemala
Que, entre otras cosas, busca ampliar de 10 a 20 mil el programa de Tarjetas de Visitante Trabajador Transfronterizo (TVTF). Ninguno de estos compromisos es nuevo, ya se implementaban en México desde hace años.
Por ejemplo, desde 1997 existe en el país un programa de trabajadores transfronterizos a través de la Forma Migratoria de Visitante Agrícola (FMVA), documento que permitía a las personas guatemaltecas trabajar en los campos agrícolas de Chiapas.
En 2008 se sustituyó por la Forma Migratoria de Trabajador Fronterizo (FMTF), que extendió las posibilidades de empleo a Tabasco, Campeche y Quintana Roo, e incluyó a Belice -adicionalmente se expidió a las y los acompañantes de las personas trabajadoras transfronterizas, pero sin el derecho de ser reconocidas como fuerza laboral.
En 2011, esta figura se cambió por la Tarjeta de Visitante Trabajador Fronterizo (TVTF) y se reconoció en la Ley de Migración.
Si bien esta Tarjeta beneficia a algunas personas migrantes trabajadoras transfronterizas, se limita a pequeños grupos que cumplen con los requisitos exigidos por en el programa, dejando fuera a las mujeres migrantes.
Mientras que el programa de reasentamiento de personas refugiadas, además de ya implementarse a través de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), no es suficiente si se toma en cuenta el número de solicitudes de asilo y de reconocimiento de la condición de refugiado anuales en el país.
Entre 2011 y 2022 se logró reubicar a 21 mil 935 personas refugiadas, frente a las 21 mil 356 personas reconocidas como refugiadas en 2021 y las 21 mil 204 en 2022, hacen que la promesa de 20 mil reasentamientos en tres años no resulte suficiente ni una prueba de voluntad política.
Aunado a ello está la participación de la administración de Andrés Manuel López Obrador en políticas estadounidenses como el parole para personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela; el recibimiento, por primera vez, de poblaciones no mexicanas expulsadas de Estados Unidos bajo el Título 8; la utilización de la aplicación CBP One; y el veto de asilo, demostrando que no sólo acepta abiertamente las expulsiones que el gobierno de Estados Unidos crea pertinentes, sino que entra en la dinámica de ignorar que la aplicación de estas medidas representan transgresiones al marco jurídico nacional e internacional, frente a la vulnerabilidad de quienes buscan protección internacional.
A un año de la Declaración de Los Ángeles el balance de los avances de los compromisos de México es pobre, las acciones siguen siendo de contención y criminalización de las personas migrantes y con necesidades de protección internacional; se disfrazan de novedosas y efectivas cuando se implementan desde hace años sin una respuesta positiva frente a la demanda.
Y sigue ayudando a Estados Unidos a externalizar sus fronteras y a contener la migración antes de que las personas lleguen a la frontera norte mexicana, aún si por escrito pareciera que los esfuerzos se encaminan a la protección de las personas.
Es tiempo de pasar de las buenas intenciones en el papel a los hechos.
