La historia de nuestro país ha estado marcada por la cercanía que tenemos con los Estados Unidos, esa nación con una economía grande y poderosa, cuyo “estándar de vida” se ha vuelto un ideal para millones en el mundo. Uno de los resultados más visibles de esta vecindad que tenemos es que hoy existen más de 10 millones de connacionales viviendo en esa nación, y esta población constituye en la actualidad poco más de 3% de la población total de Estados Unidos.
Frente a las recientes oleadas de personas migrantes que provienen de países centroamericanos y atraviesan México con el objetivo de trabajar a Estados Unidos, y que se suman a los grupos de mexicanas/os que también suelen ir en busca de trabajo a ese país, la migración regulada de trabajadoras/es temporales se presenta como una fracción muy pequeña del total de personas que cruzan la frontera, pero que no deja de tener importancia justamente por tratarse de una forma de migración que se da en el marco de la leyes y programas gubernamentales.
Estados Unidos ha intentado regular esta fracción del proceso migratorio. El programa de visas H2 para trabajadores temporales es muestra de ello, y fue creado principalmente para satisfacer la necesidad económica del vecino país de contar con mano de obra barata, tanto en el campo como en la industria servicios. En el último año, la cifra de trabajadores migrantes temporales en este programa ascendió a 300 mil posibles plazas, y aunque no todas ellas se asignan a personas de México, nuestro país suele obtener la mayoría de esas visas H2.
Si bien el trabajo migrante regulado constituye un fenómeno acotado, las y los trabajadores temporales han ido legalmente al vecino país a lo largo de décadas, y durante todo este tiempo el Sistema de visas H2 ha presentado importantes deficiencias en su ejecución, las cuales afectan el goce y ejercicio de los derechos humanos de quienes buscan trabajo dentro de este sistema.
Desde hace ya varios años en ProDESC hemos documentado el funcionamiento del Sistema de visas H2 y hemos reportado las graves fallas que existen en todo el proceso que ese sistema contempla, por ejemplo, desde el momento de la reclutación de personas trabajadoras (por la presencia de intermediarios que cobran por “garantizar” contratos), hasta el transporte (que también se cobra, cuando debería ser provisto por la empresa contratante).
Asimismo, ProDESC ha venido detectando que durante la migración temporal regulada ocurren fraudes, intimidación, presiones, acoso sexual, y una serie de prácticas abusivas que no son muy diferentes a las condiciones de personas migrantes no reguladas. Finalmente, hemos documentado también una serie de violaciones en los sitios de trabajo, entre las que destaca que no se respetan las jornadas acordadas y, en muchas ocasiones, no se proveen condiciones de seguridad para realizar las actividades laborales, además de que no se respeta el derecho a la organización que tienen las y los trabajadores.
¿Qué ha pasado?
Desde ProDESC concluimos que todos estos abusos y malas prácticas obedecen a una lógica de contratación que pone por delante el interés de las empresas y no los derechos de las personas. Estados Unidos, país económicamente fuerte, ha logrado imponer sus condiciones en este programa de visas H2, y su diseño las favorece a toda costa.
Desde hace varios años hemos insistido, también, en que el gobierno mexicano debería participar más activamente en el diseño e implementación de este programa, estableciendo mecanismos de información, supervisión e inspección para garantizar los derechos de las personas trabajadoras migrantes. No obstante, el desbalance de poder se vuelve evidente una y otra vez, y las empresas con gran capital se vuelven a hacer presentes para mantener el status quo y, por tanto, reproducir las condiciones para que ocurran violaciones a los derechos humanos. ¿Cómo podría cambiar esta situación? De esto queremos hablarles en las próximas entregas.