La Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (REDODEM) acusó al gobierno de la Ciudad de México de violar los derechos humanos de la población migrante.
También, acusaron a las autoridades de dar información falsa sobre el cierre del albergue de Tláhuac, en donde migrantes que esperaban un trámite en la Comisión de Ayuda a Refugiados (Comar).
La REDODEM exige claridad
Fue a través de un comunicado que la red conformada por albergues, activistas y organizaciones que pideieron detener el trato inhumano a los migrantes:
“Los albergues, organizaciones, redes y universidades que suscribimos el presente documento, exigimos un alto a las políticas y acciones
gubernamentales que exponen la vida de las personas migrantes y con necesidades de protección internacional en la Ciudad de México (CDMX) y otras entidades de la República Mexicana”
Dentro del recuento de lo sucedido desde octubre 2022 cuando comenzó a aumentar la afluencia de migrantes, la red comenzó a destacar las irregularidades del accionar de las autoridades.
Entre los obtaculos está la sobrepoblación a los que se tienen que enfrentar los albergues ante la nula respuesta del gobierno
“La capacidad de los albergues de sociedad civil en la CDMX se rebasó hasta en un 800% -como en CAFEMIN- pues las y los defensores de derechos humanos nos negamos a dejar a las personas en situación de calle, como lo hicieron las autoridades capitalinas.”
Con respecto a lo sucedido en Tláhuac, dejaron claro que en ningún momento se habían esclarecido hacia donde habían llevado a las personas.
También, nunca hubo claridad si en realidad el albergue había sido cerrado.
Exigencias para mejorar la vida de los migrantes
Debido a esto, enumeraron los puntos que rechazaban del accionar del gobierno:
- La falta de información oportuna sobre el lugar a donde iban a ser trasladadas las personas que se encontraban en el albergue de Tláhuac
- El desprecio por parte de las autoridades de la Ciudad de México a las personas migrantes y con necesidades de protección internacional
También, plantearon exigencias a las autoridades
- Respetar los derechos de las personas en situación de movilidad, y garantizar que sus políticas y prácticas sean acordes con sus obligaciones establecidas
- Brindar atención diferenciada sobre todo cuando se trata de niñas, niños y adolescentes no acompañados o que han sido separados de sus familias
- Establecer una mesa de trabajo pública con la Jefa de Gobierno y las instancias de gobierno qu3e trabaje conjuntamente con los albergues, asociaciones civiles y
