Este miércoles el Parlamento de Nicaragua canceló la personería jurídica de al menos cinco universidades privadas y de varias asociaciones ligadas a la Iglesia católica. Una nueva arremetida en contra de las organizaciones no gubernamentales.
En menos de 3 meses el gobierno de Daniel Ortega ha cancelado al menos seis universidades. La mayoría de ellas fueron un bastión de insurrección en el 2018 cuando inició una de las peores crisis sociopolíticas de los últimos años en Nicaragua.
Las universidades que el gobierno ilegalizó son:
- Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli)
- La Universidad Católica Agropecuaria del Trópico Seco (Ucatse)
- Universidad Popular de Nicaragua (Uponic)
- Universidad Nicaragüense de Estudios Humanísticos (UNEH)
- Y la Universidad Paulo Freire
Cierre de universidades en Nicaragua es un golpe contra la libertad de pensamiento
El gobierno de Daniel Ortega adoptó esta medida por que supuestamente las universidades incumplieron con la Ley contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas. Además las acusó de no entregar informes financieros al Ministerio de Gobernación.
Sin embargo los representantes de las universidades privadas afirman que la documentación estaba en orden y bajo la ley. Los directores atribuyeron las medidas a una persecución del gobierno en contra de la libertad de pensamiento.
El catedrático Ernesto Medina dijo a la Voz de América que las universidades dejaron de ser espacios donde se puede pensar y hablar. Ahora, “lo único que vale es agachar la cabeza y quedarse callado“.
Asimismo, la jurista María Asunción Moreno advirtió que el modelo autoritario de Daniel Ortega a alcanzado a las universidades de Nicaragua. De acuerdo con la ley, las universidades gozan de autonomía académica, financiera, orgánica y administrativa.
Los académicos coinciden en que las medidas recientes en contra de las universidades busca imponer un adoctrinamiento obligatorio a los estudiantes, debido a que solo están quedando en pie los centros estatales.
La anulación de estas universidades privadas será un duro golpe para la educación, que ya cuenta con baja inversión por el gobierno de Nicaragua. Los expertos sostienen que el Daniel Ortega busca convertir el país en un Estado centralizado, que domina y controla todo y que decido que hacen y deben hacer los ciudadanos.
Cierre de organizaciones desde el 2018
Desde el 2018, el gobierno de Daniel Ortega inició la cancelación de diversas organizaciones no gubernamentales (ONG’s) acusándolas de promover un intentó de golpe de Estado. Sin embargo, en los años que siguieron, el gobierno continuó con su persecución de diversas entidades.
Hasta enero de 2022 el número de organizaciones canceladas llega a 60, entre las que se encuentras universidades y ONG’s dedicadas a combatir la pobreza.
El cierre de las universidades deja en el limbo a más de 2 mil estudiantes, algunos de los cuáles ya habían sido afectados por su participación en las protestas del 2018.
