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Balances de un proceso en desarrollo

Poco a poco la participación de los migrantes en las elecciones cobra fuerza, sin embargo, es necesario continuar la lucha para que tengan derechos plenos. | Esta opinión fue escrita por Daniel Tacher

Con esta primera entrega quiero agradecer la invitación de Conexión Migrante para colaborar. En este espacio trataremos de centrarnos en el ejercicio de derechos políticos de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero. Revisaremos las acciones institucionales, el contexto de la participación y buscaremos explicar algunas de las intrincadas reglas para el ejercicio del voto extranjero, votar, ser votado y participar en la vida pública de México. También abordaremos algunos temas relevantes de la participación de la comunidad mexicana en Estados Unidos. Este espacio busca reivindicar el reconocimiento y ejercicio de derechos aquí y allá.

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Podemos empezar un breve balance de la elección que acaba de concluir. Sin duda la elección de 2021 significó un salto de calidad en el ejercicio de derechos políticos de la comunidad mexicana residente en el extranjero. Por primera ocasión se incorporaron candidaturas migrantes de todos los partidos políticos a la Cámara de Diputados.

Como resultado del acatamiento a la sentencia SUP-RAP-21/2021 se incorporaron candidaturas migrantes en posiciones preferentes. Esto significó candidaturas en los diez primeros lugares de las listas de representación proporcional que consta de cuarenta candidaturas.

Este ejercicio permitió que once candidaturas se incorporaran como las primeras diputaciones migrantes a nivel federal.

¿Cómo va el voto y las diputaciones migrantes?

El balance también es positivo a nivel estatal. En tres entidades se incorporaron de forma distinta candidaturas y diputaciones migrantes. Por su parte, en Zacatecas se incorporaron al Congreso del estado la séptima generación de diputaciones migrantes. En esta entidad todos los partidos postulan candidaturas migrantes y los dos partidos con mayor votación acceden a esta representación. Desde 2003 se incorporan al Congreso dos diputaciones migrantes.

En Nayarit, aunque no lograron incorporarse al Congreso ninguna de las candidaturas migrantes, fue histórico que todos los partidos las postularan. En este caso, la legislación garantiza postulaciones preferentes. Todos los partidos deben postular al menos una fórmula de candidaturas migrantes en los primeros seis lugares de sus listas de representación proporcional. Las listas constan de doce candidaturas. Sin embargo, no reserva específicamente el espacio en el Congreso local.

En el caso de la Ciudad de México se eligió de forma directa al primer Diputado Migrante. En este caso el camino no fue sencillo. El Congreso de la Ciudad había derogado esta figura y fue gracias a la protección judicial en la sentencia SUP-REC-88/2020 que se declaró inconstitucional este acto contrario a los derechos humanos. En este caso se reservó un escaño específico en el Congreso. Para acceder a este escaño los partidos postularon una fórmula de candidaturas migrantes. El partido que más voto obtuvo de la votación emitida en el extranjero fue el ganador.

Como resultado de estas experiencias en diversos estados la discusión por incorporar diputaciones migrantes sigue avanzando. Recientemente en Oaxaca el Congreso aprobó una modificación constitucional para incorporar esta figura. En Guanajuato el instituto electoral se encuentra analizando la implementación de acciones afirmativas para la postulación de candidaturas migrantes. Estos dos casos solo son ejemplos del debate en las entidades.

¿Qué dejaron las elecciones a los migrantes?

Las lecciones que ha dejado la incorporación de candidaturas y de garantizar escaños a la comunidad mexicana que reside en el extranjero es un paso en el largo camino del reconocimiento de sus derechos. A nivel federal, la LXV Legislatura tendrá que adecuar el marco jurídico para garantizar que las candidaturas migrantes al Congreso de la Unión sean una realidad jurídica y no solamente una acción afirmativa.

Uno de los temas que deberá atender el Congreso será eliminar las distinciones entre la calidad de la nacionalidad mexicana. Actualmente, la Constitución Federal reserva cargos públicos para quienes no han adquirido otra nacionalidad, a pesar que la propia Constitución garantiza no perder la nacionalidad mexicana al adquirir otra. Esta condición deja en desventaja a una amplia comunidad mexicana que reside fuera del país y que ha adquirido la nacionalidad del país de acogida.

Encontramos en la Constitución de la Ciudad de México un buen ejemplo de protección de derechos e inclusión. En la Ciudad, todas las personas mexicanas, por nacimiento o naturalización, tienen derecho a acceder a cualquier cargo público de la Ciudad, incluyendo los de elección (artículo 24).

Esta garantía es básica para lograr la pena incorporación de la comunidad migrante en la vida política nacional. Contar con doble nacionalidad ha permitido a millones de personas y sus familias tener la seguridad de desarrollar sus proyectos de vida sin temor. Se han fortalecido lazos familiares y comunitarios. Se ha desarrollado una comunidad binacional.

El camino sigue siendo largo. Faltan arreglos legales e institucionales que garanticen el ejercicio pleno de derechos para quienes residen en el extranjero. En este camino seguiremos atendiendo a una agenda amplia y compleja, pero tratando de establecer con puntualidad los temas en cada caso.