Estados Unidos inició los vuelos de deportación de migrantes hacia la frontera sur de México bajo el Título 42, el cual niega a las personas vulnerables el derecho a acceder a los procedimientos de asilo. Así lo alertó la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Esta nueva medida sitúa a las personas migrantes y solicitantes de asilo en una situación de mayor vulnerabilidad y en riesgo de ver violado su derecho a la no devolución, entre otros.
Dicha situación desató la preocupación de las oficinas en México de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONUDH), la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Estos organismos advirtieron sobre el impacto de la restricción de acceso a su territorio a personas extranjeras por razones de salud pública. El Covid-19 representa desafíos para todos los países. “Por lo que trasladar personas de un país a otro bajo argumentos de salud pública no es una respuesta viable”, reconocen las agencias.
Migrantes deportados sin protección ni protocolos sanitarios
Estos migrantes son expulsados desde Estados Unidos. No pasan por un mecanismo de identificación de necesidades de protección ni protocolos sanitarios. Tampoco tienen acceso al sistema de asilo en dicho país.
Por otra parte, los albergues de la sociedad civil a lo largo de la frontera se encuentran rebasados. Por lo que se tiene que fortalecer la respuesta de la institucionalidad local, estatal y federal y de la sociedad civil para atender esta delicada situación humanitaria.
Todo esto agravado por la pandemia por Covid-19 y la falta de protocolos de salud para mitigar los riesgos de contagios.
Las agencias de Naciones Unidas reconocen que la realidad de la movilidad humana en la región es compleja y que en el caso de México, requiere atender movimientos migratorios mixtos, que incluyen personas con diferentes necesidades, edades y perfiles.
Son personas en situación migratoria irregular, en necesidad de protección internacional, apátridas, mujeres y personas LGBTI+, con discapacidad. Algunas son víctimas de violencia de género y sexual, de trata y otros delitos. Así como niñas, niños y adolescentes no acompañados y separados, entre otros.
En julio de 2021, México recibió 12 mil 807 nuevas solicitudes de asilo. Es decir, más del 70 por ciento en Chiapas.
De igual modo, la llegada de miles de personas migrantes en tránsito requiere de políticas públicas centradas en las necesidades particulares. También se necesita generar alternativas de regularización e integración viables, dignas y seguras.
Por ello, exponen, es fundamental que se puedan identificar las necesidades específicas de cada persona. Incluyendo la eventual necesidad de protección internacional, en sus diferentes formas.
