Diversas reacciones ha causado la decisión de un tribunal de apelaciones de Estados Unidos que permite que el gobierno avance hacia la deportación de beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS).
La corte de apelaciones del Noveno Circuito avaló la decisión de la administración del presidente Donald Trump de terminar el TPS.
Esta decisión afecta a más de 300 mil migrantes procedentes de El Salvador, Nicaragua, Haití y Sudán.
Se prevé que el fallo afecte también a los migrantes de Honduras y Nepal, que se encuentran en una situación similar.
Actualmente, los beneficiarios del TPS tienen permiso para residir y trabajar en EEUU hasta el próximo 4 de enero del 2021.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) determinó en noviembre del 2019 que los migrantes tendrán un periodo de 120 días para salir del país.
La única excepción es para los salvadoreños, quienes dispondrán de 365 días.
Como explicó a la Voz de América Royce Murray, directora de programas de la organización American Immigration Council, “podríamos ver el final del TPS para El Salvador, no antes del 5 de noviembre de 2021 y para los otros 3 países, Sudán, Nicaragua y Haití, lo más temprano sería el 5 de marzo de 2021”.
Lo que significa que, para cuando llegue la aplicación de la decisión, el país podría contar con un nuevo gobierno.
Las elecciones presidenciales en EEUU son el 3 de noviembre y el 20 de enero tomará posesión quien resulte elegido en los comicios.
“Creo que si la administración Trump tiene un segundo mandato, podemos esperar que estas terminaciones continúen y entren en vigencia en 2021”, dijo Murray.
El gobierno Trump y el TPS
En enero del 2018, el gobierno actual decidió acabar con el TPS para Honduras, El Salvador, Nicaragua, Haití y Sudán entre el 2017 y el 2018.
Si el ganador de los comicios es el candidato demócrata, Joe Biden, dijo la experta, la situación podría ser beneficiosa para los migrantes.
“Entiendo que la campaña [de Biden] se ha comprometido a restaurar el TPS. Podríamos ver que el TPS continúa y [con ello] algunas de estas protecciones para la deportación y los permisos de trabajo”, dijo Murray.
Aunque la decisión tiene un indiscutible carácter político, señala Claudia Bernal, abogada de inmigración, hay todavía una instancia a la que la decisión podría llegar.
“La última opción, me parece, sería elevar esta demanda a la Corte Suprema, con una pregunta constitucional, tal como se intentó hacer y como se ha hecho con DACA“, declaró.
Sin embargo, destaca la abogada, es importante mirar casos independientes, pues algunos podrían ser aptos para solicitar lo que se conoce como un perdón, a cuenta de relaciones familiares y a su larga estancia en el país.
(Con la colaboración de Laura Sepúlveda)
