Gobierno debe rechazar el regreso del programa Quédate en México

A más de tres años de haber sido suspendido, el polémico programa de Protocolos de Protección a Migrantes (MPP), conocido popularmente como “Quédate en México”, podría volver a ser implementado, motivo por el cual organizaciones civiles y activistas levantaron la voz para impedir que esta política vuelva a convertirse en una realidad.

Los críticos de este programa externaron su preocupación debido a que, en días recientes, diversas fuentes han advertido que la administración Trump podría retomar las deportaciones a México bajo el MPP, pero que esta vez incluirían perfiles de alto riesgo, como familias con niñas, niños y adolescentes detenidos en el interior del país o con procesos migratorios en curso, y no únicamente personas ubicadas en la frontera con México.

¿Qué es el programa Quédate en México y por qué organizaciones y activistas se oponen a su regreso?

Implementado durante la primera administración del presidente Donald Trump, el MPP era un programa que permitía a las autoridades estadounidenses enviar a México a los extranjeros que solicitaran asilo en territorio estadounidense mientras se encontraban cerca de la frontera sur. Salvo unas contadas excepciones, los extranjeros tenían que quedarse en una ciudad fronteriza mexicana mientras sus peticiones de protección internacional eran resueltas, lo cual podía tomar meses.

Si bien este programa fue eliminado a finales de 2022 por la administración del expresidente Joe Biden. Tras iniciar su segundo gobierno, el presidente Trump firmó la orden ejecutiva “Asegurando nuestras fronteras” con la cual buscaba revivir este programa, pero para que esto suceda es necesario que el gobierno de México acepte recibir a los extranjeros.

Es por ello que, a través de una carta, más de 60 organizaciones de la sociedad civil y personas defensoras de los derechos humanos recordaron que este programa expone a personas con necesidad de protección internacional a riesgos graves, como:

• Secuestro
• Extorsión
• Violencia sexual
• Trata de personas

Esos entre otros abusos, además, este programa vulnerar el derecho a solicitar asilo y a contar con un debido proceso.

“Durante su primera implementación, entre 2019 y 2021, aproximadamente 70 mil personas fueron devueltas a México sin que existieran medidas adecuadas para atender su situación de especial vulnerabilidad, sus necesidades específicas ni garantizar el respeto a sus derechos humanos”.

Además, las personas enviadas a México quedan en una situación donde no pueden acceder de forma efectiva a derechos básicos como la salud, la educación de niñas y niños, y el trabajo formal.

Migrantes bajo el MPP son víctimas de múltiples delitos

Durante su pasada implementación, se documentó que las personas enviadas a México fueron víctimas de violencia, secuestros y desapariciones forzadas, quemaduras con ácido, fracturas y palizas, así como múltiples formas de violencia basada en género, en particular violencia y abuso sexual contra mujeres y niñas de todas las edades.

Incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el gobierno de México aceptó implementar este programa sin haber establecido protocolos ni lineamientos para la recepción de personas retornadas desde Estados Unidos bajo una política migratoria con perspectiva de género, de infancia y de discapacidad.

“En dicha resolución, se ordenó expresamente a las autoridades abstenerse de recibir a personas migrantes devueltas sin la previa publicación, en el Diario Oficial de la Federación, de lineamientos que garanticen medidas de protección, emisión de documentación migratoria y el acceso efectivo a derechos”.

“El Estado mexicano tiene la obligación constitucional e internacional de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas, sin discriminación alguna. La reimplementación del MPP podría resultar incompatible con estos compromisos y con una política migratoria basada en el humanismo, los derechos humanos y un enfoque interseccional. Reiteramos nuestra disposición a contribuir de manera constructiva a un diálogo bilateral con Estados Unidos que garantice la protección efectiva de las personas en contextos de movilidad”, finaliza la carta.