La decisión de rescindir la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) costó al presidente Donald Trump cinco demandas, esto a solo tres semanas de que el Fiscal General, Jeff Sessions, hiciera este anuncio el 4 de septiembre.
Cada una de estas demandas, las cuales citan diferentes motivos, sostienen que el presidente y la Casa Blanca no debieron haber iniciado para deshacer la acción ejecutiva promovida por el expresidente Barack Obama en 2012, la cual otorgaba a 800 mil inmigrantes llegados en la infancia permisos de dos años para trabajar y la promesa de no ser deportados.
La primera de las demandas fue interpuesta por 15 estados y el distrito de Columbia a solo un día de que el anuncio fuera hecho. Los demandantes (Nueva York, Massachusetts, Washington, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Iowa, Nuevo México, Carolina del Norte, Oregón, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont y Virginia, y D.C) sostienen que revocar DACA violaría componentes de la Quinta Enmienda, junto a la Ley de Procedimientos Administrativos, que prohíbe a una agencia federal emprender acciones arbitrarias, inconstitucionales y contrarias a los estatutos.
La demanda alega que esta decisión es una culminación de los compromisos de campaña de Donald Trump, castigar y menospreciar a personas con raíces mexicanas. Debido a esto los fiscales citan diferentes razones para involucrarse, además de que terminar con DACA afectaría a cientos de miles de personas, lesionaría a las universidades y colegios, así como a los centros de trabajo.
Por su parte la Universidad de California anunció una segunda demanda contra la administración el 8 de septiembre, enfocada específicamente en la secretaria interina de Seguridad Nacional, Elaine Duke.
El instituto alega que la decisión del presidente viola los estatutos de la escuela y de sus estudiantes por ser un capricho irrazonable. Pues la rescisión de DACA viola la Ley de Procedimiento Administrativo y la Cláusula de Debido Proceso de la Quinta Enmienda.
En tanto, los fiscales de California, Maine, Maryland y Minnesota presentaron una tercera demanda el 11 de septiembre, dado que la decisión de Trump generaría un resultado insostenible para la actual administración, ya que se estaría quebrando la promesa de que la información dada al gobierno no sería utilizada para deportarlos.
El 18 de septiembre, la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color (NAACP) dijo que tomaría acciones legales para defender al 80% de los beneficiarios de DACA que fueron llevados desde a los Estados Unidos desde México, las 36 mil personas de África y otras naciones del Caribe.
NAACP presentó una demanda contra Trump, Sessions, Duke, así como los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EU, ICE y la DHS por renegar ilegalmente su promesa de proteger a los jóvenes migrantes indocumentados de color que viven en los Estados Unidos.
El mismo día, seis beneficiarios de DACA (dos profesores de escuela media, un abogado, un estudiante de medicina, un candidato a doctorado y un estudiante de leyes) presentaron una demanda en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California. Esta sería la primera queja de alguno de los 800 mil beneficiarios de DACA.
La protección brindada por DACA a decenas de miles de personas expirará en los siguientes seis meses, perderán sus permisos de trabajo y podrían ser deportados a menos que soliciten una renovación antes del 5 de octubre.
