Trump elimina la regla de carga pública de la época de Joe Biden

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emitió una regla que elimina una ley implementada a finales de 2022, durante la administración del expresidente Joe Biden, la cual determinaba qué tipos de personas podían ser clasificados como carga pública. Básicamente, la nueva medida permitirá a los oficiales de inmigración considerar si los solicitantes de la residencia permanente (Green Card) podrían ser considerados una carga para el país con base en el uso que hagan de beneficios financiados por los contribuyentes, como Medicaid, cupones de alimentos y asistencia de vivienda.

A través de un comunicado, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) explicó que esta nueva directriz busca alinear las leyes migratorias con la intención de que los extranjeros sean autosuficientes y no dependan de la asistencia gubernamental.

¿Qué cambia con la nueva regla final de carga pública?

Bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), una persona que solicita una visa, admisión o ajuste de estatus es inadmisible si el gobierno determina que es probable que se convierta en una “carga pública”, es decir que dependa de los programas gubernamentales, en cualquier momento.

• Con el enfoque anterior, de 2022: La regla limitaba el escrutinio principalmente a los pagos de asistencia social en efectivo (destinados a cubrir gastos básicos de subsistencia) y a la atención institucional a largo plazo financiada por el gobierno.
• El nuevo escrutinio: La regla final restaura una amplia discreción para el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS). Los oficiales ahora realizarán revisiones caso por caso, evaluando la edad, salud, estado familiar, activos, recursos financieros, educación, habilidades y si la persona ha recibido beneficios públicos condicionados a los recursos económicos (como SNAP, Medicaid y apoyo de vivienda).

Población afectada por la nueva regla

La medida afecta a los extranjeros dentro de EE.UU. que solicitan un ajuste de estatus, así como a aquellos que buscan admisión para obtener un estatus permanente o temporal.

Sin embargo, el Congreso mantiene exenciones históricas para refugiados, asilados, víctimas de trata y crímenes, y autopeticionarios de la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA).

Aunque DHS estima que unos 588 mil solicitantes anuales estarán sujetos a esta revisión, el impacto real de la política podría medirse en el miedo que genera en la comunidad:

En su propuesta de noviembre de 2025, el DHS calculó que el “efecto disuasorio” de esta regla podría llevar a cerca de 950 mil personas a cancelar su inscripción o renunciar por completo a beneficios públicos por temor a afectar sus casos migratorios, incluso si ellos o sus hijos ciudadanos califican legalmente.

A pesar de las batallas legales históricas sobre esta regla, las denegaciones formales por carga pública son extremadamente raras. Entre los años fiscales 2020 y 2024, el DHS reportó apenas entre 41 y 95 denegaciones anuales. Durante el periodo en que estuvo vigente la regla original de Trump en 2019, solo se identificaron cinco casos de denegación bajo este análisis completo, y todos fueron posteriormente reabiertos o rescindidos.

Cabe destacar que los beneficios recibidos por los familiares de un solicitante no se tratarán como propios, aunque los oficiales podrán considerarlos al evaluar la situación financiera general del hogar.

Fechas clave y próximos pasos

La regla tiene previsto entrar en vigor de forma operativa el 18 de septiembre de 2026 (60 días después de su publicación formal), otorgando a USCIS tiempo para actualizar formularios, manuales de políticas y procedimientos internos para capacitar a sus oficiales.

USCIS publicará una versión revisada del Formulario I-485 (Solicitud para Registrar Residencia Permanente o Ajustar Estatus). Las versiones antiguas enviadas electrónicamente o con sello postal a partir de la fecha de entrada en vigor no serán aceptadas.

Para las solicitudes presentadas antes de que la regla sea operativa, USCIS solo evaluará los nuevos beneficios condicionados a los ingresos recibidos a partir de esa fecha. Los beneficios recibidos antes de septiembre de 2026 solo se considerarán bajo los criterios antiguos (asistencia en efectivo o institucionalización a largo plazo).

Mientras abogados de inmigración, agencias estatales y grupos de derechos civiles preparan su respuesta ante esta nueva directriz, para las familias de estatus mixto la decisión a corto plazo se resume en una difícil encrucijada: arriesgar su salud, alimentación o vivienda, o poner en peligro su camino hacia la residencia legal permanente en los Estados Unidos.