Trump apuesta por la revocación de ciudadanía; hay una cuota de 200 casos mensuales

Una vez más, el presidente Donald Trump decidió revivir una de sus políticas antiinmigrantes, la cual consiste en revocar la ciudadanía americana a personas nacidas en el extranjero que hayan pasado por el proceso de naturalización, informó NBC News.

Si bien es una estrategia que el presidente Trump implementó en su primera administración, retomó la iniciativa de desnaturalización en este segundo mandato, publicando un memorando el pasado 11 de junio de 2025 donde ordenaba al Departamento de Justicia (DOJ) enfocarse en la desnaturalización de personas que cometan ciertos delitos, no obstante esta vez la estrategia es un poco diferente.

¿Qué dice el plan para revocar la ciudadanía americana del presidente Trump?

De acuerdo con fuentes citadas por NBC News y que son cercanas a la Oficina de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), el gobierno federal instruyó a sus oficinas en todo el país identificar entre 100 y 200 casos de desnaturalización por mes durante este 2026.

Esta estrategia parece ser más similar a la que implementó durante su primer mandato, donde los agentes de USCIS se dedicaban a auditar casos de naturalización para descubrir irregularidades e iniciar el proceso para revocar la ciudadanía americana.

Para alcanzar el objetivo de casos mensuales, USCIS reasignará personal y enviará expertos a sus más de 80 oficinas locales. Sin embargo, aplicar la misma estrategia en su gobierno anterior provocó un atraso en los procesamientos de casos migratorios y una crisis financiera dentro de USCIS, debido a que la agencia no recibe fondos del Congreso, la agencia se mantiene con las tarifas de presentación de los trámites que realiza y al destinar más personal para revisar casos antiguos hay menos agentes dedicados a procesar casos, lo cual significa en menos dinero.

En cuanto al proceso de desnaturalización, estos casos son raros e históricamente se enfocaban en casos graves, como criminales de guerra o personas que ocultaron historiales de violaciones a los derechos humanos.

Matthew Tragesser, portavoz de USCIS, confirmó que la agencia mantiene una política de cero tolerancia contra el fraude en el proceso de naturalización. “Continuaremos persiguiendo implacablemente a quienes socavan la integridad del sistema de inmigración”, declaró.

Sin embargo, abogados de inmigración advierten que los criterios se han vuelto mucho más estrictos. Se han reportado casos de ciudadanos naturalizados cuyas solicitudes de trámites relacionados fueron denegadas por deudas fiscales, incluso cuando contaban con planes de pago activos, bajo el argumento de una falta de “buen carácter moral”.

Además, el proceso de desnaturalización no es automático, requiere un proceso legal largo y costoso ante tribunales federales, donde el gobierno debe presentar pruebas contundentes de fraude o tergiversación en el momento de la solicitud original.

Organizaciones como el Brennan Center for Justice señalan que la mera amenaza de estas investigaciones genera un “clima de terror” entre los más de 26 millones de ciudadanos naturalizados en EE.UU., quienes temen ser blanco de represalias por sus opiniones o actividades legales.

Actualmente, la ley permite retirar la ciudadanía principalmente por fraude en la solicitud, pertenencia a grupos terroristas o, en algunos casos, por cometer delitos graves poco después de naturalizarse.

El presidente Trump ha expresado en diversas plataformas su intención de remover a cualquier no ciudadano que no sea un “activo neto” para el país o que “socave la tranquilidad doméstica”. Esto ocurre mientras la Suprema Corte evalúa sus argumentos para determinar si el presidente puede o no eliminar la ciudadanía por nacimiento (birthright citizenship), un derecho consagrado en la Constitución.

Mientras tanto, defensores de los derechos de los inmigrantes enfatizan que un presidente no puede despojar por cuenta propia de la ciudadanía a quienes ya han cumplido con todos los requisitos de ley.