Desde hace más de una década hemos estado conversando sobre los efectos del cambio climático y la urgencia de emprender acciones para mitigarlos, toda vez que representan nuestra permanencia y sustentabilidad en este planeta. Nadie escapa a ellos, pero si hay afectaciones diferenciadas que incrementan las situaciones de riesgo y las necesidades de las poblaciones. Pocas veces se vincula con el tema migratorio, aunque las personas hace rato que se vienen desplazando por los efectos de la crisis climática.
Este año será histórico para el reconocimiento de la movilidad climática en las Américas, porque el sistema interamericano de derechos humanos está avanzando hacía la construcción de las bases jurídicas regionales sobre justicia climática, y las obligaciones de los Estados en la materia.
Hace unas semanas, durante el 189 Periodo Ordinario de Sesiones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sostuvo, por primera vez, una audiencia pública sobre la movilidad humana por efectos del cambio climático. Las y los comisionados escucharon los testimonios de personas de El Bosque (Tabasco, México), Cedeño (Marcovia, Choluteca, Honduras), Twuliá (La Guajira, Colombia), y comunidades haitianas en las Bahamas y a lo largo de la región, quienes han sido desplazadas interna e internacionalmente al enfrentar desastres repentinos o progresivos relacionados con los efectos del cambio climático (huracanes, aumento del nivel del mar, erosión costera, cambios en la biodiversidad marina, sequías prolongadas e inundaciones) vinculados a las prácticas racistas de despojo y extractivismo de los recursos naturales que agudizan la degradación ambiental y la conflictividad social.
En la audiencia, solicitada por 30 organizaciones de América Latina, el Caribe y Estados Unidos, se buscó que se reconozca el riesgo y la vulnerabilidad que enfrentan las personas en situación de movilidad humana, así como aportar información a la urgente discusión del vínculo entre cambio climático y migración que permita construir respuestas normativas regionales efectivas, orientadas a garantizar la atención de los Estados frente al desplazamiento forzado, la relocalización, el derecho a buscar y recibir protección internacional, y el respeto al principio de no devolución, desde un enfoque interseccional y antirracista.
Mientras que en marzo de 2023, Chile y Colombia solicitaron una opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) sobre “emergencia climática y derechos humanos” con el objetivo de conocer cuáles son las obligaciones de los Estados parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos para hacerle frente a la emergencia climática, teniendo en cuenta las afectaciones diferenciadas sobre las personas de diversas regiones y grupos poblacionales. El pronunciamiento que emita la CoIDH será fundamental para dar contenido al alcance de los gobiernos para proteger a las personas desplazadas en el contexto de la emergencia climática.
De acuerdo con la Organización Mundial Meteorológica, América Latina y el Caribe es una de las regiones del mundo más afectadas por los fenómenos meteorológicos ocasionados por el cambio climático, con consecuencias graves a la salud, a la vida, a la alimentación, al agua, a la energía y al bienestar socioeconómico de las poblaciones.
La invisibilización de la causa climática como factor de desplazamiento conlleva a que, en muchos casos, las personas transiten de forma irregular en una de las regiones más peligrosas para migrar. Necesitamos una respuesta coordinada por parte de los Estados para reconocer la situación, su magnitud y las necesidades de protección de las personas, además de generar estándares de derechos que se traduzcan en políticas de protección y no de disuasión.
Tanto la CoIDH como la CIDH han iniciado esta discusión que puede sentar un precedente para otras regiones, y el avance en la definición de los deberes de los Estados en la protección de las personas desplazadas por la emergencia climática, por lo que comenzar a conversar, cada vez más, sobre estos temas no sólo ayudará a que las personas y los gobiernos reconozcan esta causa de desplazamiento, sino que se generen acciones regionales de protección.
