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OPINIÓN | La diferencia entre las políticas migratorias de Biden y las propuestas de Trump (1a parte)

La presión de ambos presidentes para disuadir o contener la migración en suelo mexicano y que menos personas lleguen a la frontera ha sido parecida. Sin embargo, hay diferencias de perspectivas y objetivos que son importantes de revisar.

En las campañas electorales, de 2024, en Estados Unidos, México y otros países parece ser que la mayoría de las personas votantes no están de acuerdo con las políticas migratorias que se han implementado desde los diferentes partidos políticos, ni con las nuevas propuestas. Sin duda, la narrativa de disuasión y contención está ganando en los medios, aún si la mayoría de las personas a nivel personal tiene empatía con las familias que tienen que salir de sus países por razones de violencia, violaciones a derechos humanos, pobreza, y como resultado del cambio climático. Desafortunadamente, la cobertura de la migración se sigue concentrando en la frontera entre México y EUA en vez de enfocarse en las historias desde los países de origen y de las personas que logran integrarse en el camino o una vez llegando al país de destino. El enfoque de los políticos y los medios en números en vez de personas ha permitido que nuevamente la población en movilidad sea un tema político que polariza en las campañas.

Si nos enfocamos en la presentación del tema migratorio estadounidense en los medios, leemos que Biden y Trump han implementado políticas anti-migrantes en sus administraciones –y en México, el impacto ha sido la militarización y la continuación de la contención migratoria por parte del Instituto Nacional de Migración (INM) y la Guardia Nacional durante ambas administraciones estadounidenses. La presión de ambos presidentes para disuadir o contener la migración en suelo mexicano y que menos personas lleguen a la frontera ha sido parecida. Sin embargo, hay diferencias de perspectivas y objetivos que son importantes de revisar, ya que nuevamente la migración será un tema polémico y presente en las campañas hacia las elecciones de noviembre de 2024.

La administración de Biden, en términos generales, ve a la migración como un factor positivo para la sociedad y la economía, y entiende que el derecho a solicitar asilo es parte fundamental de la legislación de Estados Unidos. Entiende que las personas van a continuar migrando, que la región cuenta con países que cometen graves violaciones a derechos, y que se encuentran en situaciones de pobreza extrema e inseguridad, exacerbadas por los efectos del cambio climático.

También entiende que está restringido por las decisiones del Congreso y del poder judicial. Por ejemplo, Biden no ha podido pasar ninguna legislación para regularizar a la población indocumentada a pesar de presentar un paquete legislativo amplio en su primer mes de administración, incluyendo la regularización de los Dreamers y vías hacia la residencia y ciudadanía. No ha podido implementar, como hubiera querido, su política de desarrollo para Centroamérica que publicó en julio de 2021. Tardó más de un año para terminar con el horrífico programa “Quédate en México” (iniciado por Trump en 2019) debido a juicios en las cortes federales, y más de dos años para terminar con la política Título 42 que Trump había iniciado durante la pandemia en 2020, en violación al derecho de solicitar protección internacional.

Debido a los litigios constantes en las cortes federales y el impasse en el Congreso durante su administración, Biden ha tenido que ejecutar la política migratoria a través de órdenes ejecutivas.  Algunos ejemplos a nivel interno incluyen la prolongación de los programas de protección (Temporary Protected Status-TPS) para Sudán, Ucrania, El Salvador, Honduras, Nepal, Nicaragua, Haití y otra protección para personas palestinas, así como la renovación del programa para Dreamers (DACA).

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A nivel regional, Biden implementó un programa de parole humanitario para 30 mil personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela mensualmente, que les permite aplicar desde sus países de origen y otros países (excluido México) para llegar con familiares y otras personas que demuestran la posibilidad de apoyarles económicamente. En los primeros meses, más de 1.5 millones de personas solicitaron entrar a través de este programa, lo que equivale a la recepción de personas por esa vía en 4 años. Lo mismo está pasando con la aplicación de celular CBP One, que permite a las personas solicitar una cita en la frontera para recibir una primera evaluación para un caso de asilo y una entrada para seguir con el proceso. En enero de 2023, cuando inició la aplicación, la espera fue de una a dos semanas. Actualmente es entre uno y cuatro meses, lo que significa que más personas están esperando en México, en ciudades en la ruta desde Ciudad de México hacia el norte. Además de que hay más personas que deciden cruzar de forma irregular, afrontando una política restrictiva (veto de asilo) a través de la cual personas que no pueden comprobar que solicitaron protección y fueron rechazadas en un proceso de asilo son deportadas a sus países de origen o retornadas a México si son de países centroamericanos, Cuba, Haití o Venezuela.

A la par, la administración de Biden ha implementado oficinas de movilidad segura (SMOs) en Colombia, Costa Rica, Guatemala y Ecuador que permiten a ciertas personas con solicitudes de visas familiares, refugiadas con necesidades de reasentamiento, entre otras, viajar de forma regular a Estados Unidos o Canadá. Estas oficinas apenas están arrancando (abrieron en 2023) y su impacto ha sido aún limitado, pero la idea es poder acudir a programas sin tener que cruzar por México y la frontera con Estados Unidos.

Biden ha estado tratando de implementar políticas más dignas en la región y a la vez implementando políticas castrenses a personas que entran de forma irregular por la frontera. Con más de 450 medidas ejecutivas, la política migratoria de la actual administración estadounidense ha sido difícil de entender para la población en general debido a que se enfocan en las imágenes de personas en la frontera y los autobuses de personas que los republicanos envían a estados demócratas. Eso ha ocurrido en un contexto complejo en el cual la movilidad en la región ha aumentado por las diferentes crisis postpandemia con más de 20 millones de personas en el continente desplazadas por las fronteras, incluyendo a 7 millones de personas venezolanas.

Las políticas migratorias deberían estar basadas en evidencia, pero con las estructuras políticas actuales, la polarización, y la desinformación circulando, han creado el ambiente perfecto para discusiones irrelevantes sin escuchar a las personas afectadas.