El mes pasado se celebró el mes del orgullo LGBTQ+ y a pesar de las banderas de arcoíris llenando tiendas y marcas en México, la comunidad LGBTQ+ enfrenta tasas de discriminación y violencia desproporcionada en su vida cotidiana, sus lugares de trabajo e instituciones públicas obstaculizan su acceso a derechos y a vivir una vida plena.
De hecho, de acuerdo con la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA), en el 2020 había 67 Estados con disposiciones que penalizan los actos sexuales consensuales entre personas adultas del mismo sexo. De estos Estados, en seis se castiga con la pena de muerte.
En el caso de América Latina (AL), solamente nueve estados la criminalizan, sin embargo, a pesar de que en la mayoría de los países de AL la diversidad sexual no esté penalizada, el Estado sigue controlando y limitando el acceso a derechos a este grupo poblacional de otras maneras: por medio del acceso al matrimonio igualitario, posibilidad de adopción e impidiéndole a las personas trans la posibilidad de cambiar de sexo y nombre en documentos oficiales. Asimismo, se les niega el acceso a servicios básicos como educación, salud y trabajo.
Además, la discriminación legitimada en leyes tiene sus raíces en la cultura, creencias y discursos alrededor del tema y está sostenida en una sociedad que discrimina y rechaza, la cual se reproduce “a través de manifestaciones culturales como chistes, burlas y discursos de odio que incitan a la violencia” y persecución.
Este contexto puede tener como resultado el desplazamiento forzado de todas las personas que visiblemente no encajan dentro de las normas binarias de género y la heterosexualidad obligatoria. En este sentido, a pesar de ser parte de las personas en situación de movilidad, es un grupo invisibilizado dentro de los grupos de migración.
Por esta razón, se enfrentan a una intersección de violencias en sus países de origen. Por un lado, está el contexto de violencia generalizada ya conocida, como: pandillas, crimen organizado y falta de acceso a servicios básicos, lo cual se cruza con las violencias mencionadas por ser parte de la diversidad sexual y la ausencia de leyes enfocadas en su protección. Es un grupo perseguido por el simple hecho de existir.
Una vez que deciden salir y llegan a México, se dan cuenta que la situación aquí es similar. Entre el 2019 y 2020 hubo 299 homicidios por razones de LGBTQ-fobia —esto de acuerdo con las cifras conocidas-, generalmente el número reportado es solo un porcentaje de lo que realmente sucede.
En México, se siguen enfrentando a la misma discriminación por parte de las autoridades, la sociedad y en ocasiones hasta en los mismos albergues. Espacios en donde la mayoría de las personas en situación de movilidad encuentran un lugar seguro, puede aumentar la vulnerabilidad de los migrantes LGBTQ+ debido a que enfrentan discriminación por parte de la misma población en movilidad y por personal del albergue.
Tomando en cuenta este contexto, también se han visto avances y aunque estos son lentos y no lineales, en México ya hay albergues especializados en personas en situación de movilidad de la comunidad LGBTQ+. Además, la migración también debe ser vista como una forma de resistencia, es una apuesta por la vida y la oportunidad de poder vivir y expresarse libremente.
