Las acciones que propone el Instituto Nacional de Migración (INM) sobre la separación familiar en los cruces fronterizos con el fin de “proteger” a los menores, significaría una violación a los derechos y los principios de integridad del Interés Superior de la Niñez y de la Unidad Familiar, denunciaron el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), Alianza Américas, Aldeas Infantiles SOS y DHIA.
El INM no tiene la facultad de separar familias
Y es que apenas hace un par de días, durante la presentación del operativo Semana Santa 2023 en Oaxaca, Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración, anunció que daría instrucciones para separar a los niños de sus familias en las zonas fronterizas de alto riesgo.
“Yo he dado instrucciones para que los niños se los quiten a los padres para poder nosotros tutelar el interés superior que es la niñez. No vamos a permitir que se pongan en riesgo su integridad y su vida, así sea los padres. El Estado tiene que tutelar este derecho y tiene que estar muy pendiente”, explicó Garduño.
Ante esta situación, estas cuatro organizaciones emitieron un comunicado para alertar que el instituto no cuenta con las facultades para tomar estas medidas.
“El deber del INM no le faculta para separar a ninguna niña, niño y adolescente migrante y sujetas de protección internacional de su familia”.
De acuerdo con el Interés Superior de la Niñez y de la Unidad Familiar, en vez de promover una separación familiar, el INM tendría que proponer medidas precautorias, dice el comunicado.
Además, las organizaciones le recordaron al comisionado que la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes es la única institución que puede evaluar y determinar el interés de los menores en contextos de movilidad.
El hecho de que sean familias migrantes no le da el derecho al INM de transgredir el derecho a la vida en familia.
La vida de las familias migrantes en México
Las cuatro organizaciones hicieron hincapié en que la vida de las familias migrantes en México está llena de abusos por parte de las autoridades y del crimen organizado.
Y que el 98% de las víctimas de delitos como secuestro, extorsión, violación y hasta la muerte, son familias bajo las políticas “Quédate en México” y el Título 42.
La burocracia del INM en expedir documentos a los migrantes para que puedan conseguir un trabajo remunerado o acceso a la educación, es otro tipo de violencia que tienen que enfrentar día a día, expusieron en el comunicado.
“Si el INM tiene interés en que las familias no se pongan en riesgo al cruzar el Río Bravo deberían implementar acciones que les permitan realizar cruces seguros por los puertos de entrada”.
Además, agregaron, debieran entregar tarjetas de visitante por razones humanitarias, combatir la extorsión y el abuso y eliminar la política migratoria de contención.
Una política que prácticamente obliga a las familias a transitar por lugares peligrosos, a esconderse en la caja de un tráiler, a cruzar por zonas de alto riesgo y a dejar de colaborar con las políticas migratorias estadounidenses.
