Estado mexicano, cómplice de expulsiones en cadena desde EUA

Tanto las autoridades de México como las de USA violan los derechos al asilo y el principio de no devolución, poniendo en riesgo a los migrantes
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En enero de 2021 la administración Biden se comprometió a construir un sistema migratorio “seguro, ordenado y humano”. Sin embargo, con la colaboración del gobierno mexicano siguen fortaleciendo políticas basadas en la contención que son crueles, ilegales e ineficaces, creando un caos en la frontera con México que inmovilizan y ponen en peligro a quienes escapan de la violencia y solicitan asilo.

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Aunque se han llevado a cabo acciones positivas para restaurar el sistema de asilo estadounidense, como la disolución del Programa “Quédate en México” o Protocolos de Protección a Migrantes (MPP) –reinstalado hace unos días por una Corte Federal de Distrito-, la frontera entre México y Estados Unidos sigue cerrada y se está expulsando bajo la política Título 42, de modo sumario, a las personas migrantes y solicitantes de asilo, violando el derecho nacional e internacional.

Para llevar a cabo estas expulsiones, Estados Unidos necesita la complicidad de México, quien en marzo de 2020 aceptó señalando en una nota informativa, emitida por la Cancillería mexicana, que se recibirán a 100 personas diarias, con excepción de aquellas vulnerables a la COVID-19 –como niñez y mujeres embarazadas-, de Guatemala, Honduras y El Salvador. No obstante, se ha registrado la expulsión de personas de nacionalidades diferentes a las señaladas, de mujeres embarazadas y niñez, y un mayor número respecto del comprometido.

Sociedad civil de México y USA denuncian las expulsiones

La sociedad civil mexicana y estadounidense han denunciado estas expulsiones pues violan el derecho a solicitar asilo y el principio de no devolución, además de la legislación nacional de ambos países. Como parte de estas denuncias, el pasado 25 de agosto, Asylum Access México, Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, AC, Sin Fronteras IAP y el Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI) presentaron una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y el 26 de agosto y 03 de septiembre dos amparos indirectos –en juzgado de Tabasco y de la Ciudad de México- luego de que desde el 2 de agosto comenzaron a registrarse vuelos provenientes de Estados Unidos al sur de México con personas migrantes y con necesidades de protección expulsadas bajo el Título 42. Entre el 5 y 31 de agosto se registraron 34 vuelos provenientes de territorio estadounidense.

La queja y los amparos promovidos señalan cómo el gobierno de México realiza deportaciones ilegales (masivas y “en caliente”), de madrugada y por puntos no establecidos así como devoluciones en cadena, en las que las personas son expulsadas desde Estados Unidos a aeropuertos del sur (Chiapas y Tabasco) y centro del país (Jalisco, Ciudad de México y otras) para después ser trasladadas vía terrestre a la frontera con Guatemala por agentes del Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional, sin recibir información sobre la posibilidad de solicitar protección en México.

USA viola los derechos humanos

Estas acciones violan el derecho al debido proceso y al asilo, establecido en la legislación nacional e internacional. Además, no toma en cuenta el interés superior de la niñez ni la perspectiva de género, y transgrede el principio internacional de no devolución que establece, a los Estados firmantes de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 (entre ellos México), la prohibición de expulsar a las personas con necesidades de protección internacional al país del que escaparon y donde sus vidas pueden estar en riesgo.

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La queja y los amparos presentados señalan como autoridades responsables al Instituto Nacional de Migración, la Guardia Nacional, la Dirección General de Control y Verificación Migratoria del INM, al Congreso de la Unión, la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Ejecutivo federal.

En los siguientes días organizaciones de la sociedad civil regionales enviaran una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llamándola a solicitar información a los gobiernos de México y Estados Unidos acerca de las expulsiones; se pronuncie contra las violaciones a derechos que representan las devoluciones en cadena de personas que buscan protección; y solicite información sobre los recursos jurídicos que tiene esta población con riesgo de expulsión en ambos países.