El pasado viernes 13 de agosto, 63 organizaciones, redes de organizaciones y personas enviaron una carta al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de Gobernación, de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional de Migración llamándoles a ser congruentes entre su discurso y las acciones implementadas para garantizar la protección de las personas migrantes y sujetas de protección internacional.
Luego de que el 6 de agosto el gobierno de Estados Unidos comenzará con la expulsión de personas migrantes, bajo Título 42, vía área a diversos estados del centro y sur de México con el aval del gobierno mexicano. En 8 días se registraron más de 6 vuelos a Tabasco, Chiapas, Morelia, Guadalajara y la Ciudad de México con entre 200 y 300 personas por vuelo.
Expulsiones bajo el Título 42
El 20 de marzo de 2020, bajo pretexto de la pandemia, el gobierno de Estados Unidos implementó la política expulsiones Título 42, un día después, la Cancillería mexicana anunció la aceptación de esa medida. Comprometiéndose a recibir 100 personas expulsadas al día provenientes de países centroamericanos, con excepción de aquella población vulnerable a la Covid-19 -como mujeres embarazadas, niñez y adolescencia. Las expulsiones serían a la frontera norte del país. No obstante, se han realizado a otros estados del país, se ha documentado más personas de las señaladas, de nacionalidades diferentes, y la inclusión de mujeres y niñez.
De acuerdo con los testimonios de quienes han sido expulsadas vía área en la última semana, al bajar del avión son llevadas por el Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional a la frontera con Guatemala para que crucen. Sin que se les informe de su derecho a solicitar asilo en México o a regularizar su situación migratoria. Además de no contar con ningún documento que muestre que son expulsadas por el gobierno estadounidense. Tampoco hay intervenciones de las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para determinar su interés superior como establece la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Por su parte, en conferencia de prensa, el 12 de agosto, el Secretario de Seguridad de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, señaló que la estrategia de enviar a las personas en vuelos a diferentes estados de México es:
“Para que sea más difícil para las personas volver a intentar cruzar a Estados Unidos”.
Lo que hace cómplice al gobierno mexicano de las violaciones del derecho al asilo, del principio de no devolución y acepta la externalización de la frontera del gobierno estadounidense.
En lo que va de la actual administración mexicana se han implementado acciones migratorias con Estados Unidos que tienen como base la contención migratoria. Contrarias a nuestra Constitución, principios y Convenciones internacionales, y Pactos Mundiales sobre asilo y migración. El impacto que tienen en la vida de las personas que buscan salvar su vida ha sido el secuestro, las extorsiones, abusos de autoridad, violación del derecho al asilo y la muerte, sin que ningún Estado se haga responsable.
Sin protección ni seguridad en las acciones migratorias
En ninguna de las acciones pactadas entre ambos gobiernos, la protección de la vida y la seguridad de las personas migrantes y solicitantes de asilo está garantizada. Mucho menos su acceso a información para regularizar su situación migratoria, su derecho al asilo, el acceso a la justicia y el debido proceso. Tampoco han generado un costo político, lo que permite que las autoridades sigan negando las violaciones sistemáticas de derechos contra la población migrante y solicitantes de asilo.
Gobierno de México y su participación en acciones migratorias
Es urgente que el gobierno mexicano replantee su participación en acciones contrarias a la Constitución. Llamado que también han realizado instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, otras agencia de la ONU y organizaciones de la sociedad civil que llevan una semana monitoreando los vuelos y la devolución en cadena.
En diversas comunicaciones, la sociedad civil ha insistido que cualquier política o acción encaminada a frenar la migración está destinada al fracaso porque las razones que empujan a las personas a salir de sus países siguen vigentes y la pandemia las agudizó. Aunque se han implementado esfuerzos para combatir de fondo las causas de la migración, son a mediano y largo plazo. Mientras que en el corto plazo las personas siguen huyendo de su país para salvaguardar su vida y necesitan acciones que las protejan y no que las regresen a sitios inseguros o que las obliguen a transitar rutas más peligrosas o contratar a traficantes en su desesperación por salvar su vida y las de sus familias.
