En los últimos días las críticas han vuelto hacia los gobiernos de México y de Estados Unidos frente a la reactivación de las prácticas que hicieron al expresidente Trump el más criticado en materia de política migratoria por muchos años. Hoy una de esas prácticas ha vuelto, la expulsión inmediata de migrantes sin ningún procedimiento de por medio, es decir el programa Quédate en México.
No podemos de ninguna manera afirmar que se trata de las mismas condiciones en las que se daba un trato denigrante a los migrantes:
- Se habló mal de sus países de origen
- Se les criminalizó considerándolos delincuentes y narcotraficantes
- Además de la amenaza permanente por un muro y por las represalias comerciales hacia los países de origen
Sin embargo, la expulsión inmediata de migrantes, ahora enviándolos por avión a Tapachula y Villahermosa desde aeropuertos de Texas ha preocupado nuevamente a organizaciones de la sociedad civil defensoras de los derechos de los migrantes por el no respeto de los derechos humanos para la población en movilidad.
Esta preocupación a la vez se ve aumentada ante la reciente declaración de un juez en Texas acerca de la violación a la ley por la suspensión del programa “Quédate en México” realizada por el Presidente Biden en enero de este año. Incluso, la Corte Suprema comentó en la misma dirección hace pocos días. Pero otro juez de California más recientemente evidenció que estas prácticas son exclusivas en EE.UU. y no honran su compromiso con los solicitantes de asilo y sus compromisos asumidos en convenios internacionales.
Los organismos internacionales se posicionan sobre Quédate en México
Organismos como ACNUR y muchos otros más han señalado la gravedad de estas medidas, que si bien generan señales de desánimo para quienes buscan emprender el viaje hacia el norte, evidenciando las prácticas a las que pueden someterse en caso de ser detenidos; por otro lado, son consideradas violatorias de los derechos humanos y de los derechos de los migrantes. El daño patrimonial que sufren quienes son devueltos a México, ahora en su frontera sur, son mayúsculos. Quizá lejos de desalentar, creen nuevos compromisos financieros que sólo podrían ser cubiertos mediante el trabajo en EE.UU., por lo que eso significa que vendrán más intentos para cruzar hacia este país y asumir más riesgos en el cruce por México.
Todo esto es permitido por el Gobierno de México, que además tiene sus propios recursos para detener los movimientos de personas indocumentadas. Esto se ha visto recientemente con los esfuerzos de la Guardia Nacional para poner freno a las recientes caravanas migrantes; estas personas sólo intentan avanzar por Chiapas hacia el centro del país. La violencia es la condición de esas medidas de contención a personas que viajan conjuntamente por motivos de seguridad, para evitar la vulnerabilidad que les representa enfrentar a las instituciones públicas y a las bandas criminales a lo largo de la ruta por México.
Sin duda son grandes los retos que se tienen en este tema y grandes también los abismos entre las sociedades de unos y otros países. En materia económica en primer lugar, pero más aún en materia de derechos humanos hacia las personas de otros orígenes, que se vuelve la causa de tantas arbitrariedades.
