Si la migración actual se dibujara en un mural enorme, este sería representativo de los flujos de personas que van, que salen, que huyen, que dejan. Los medios registran caravanas, ingresos por fronteras, cuerpos policiales extendiéndose como muros ante la llegada de personas sin documentos. Pero, ¿Qué pasa después? ¿Qué sucede con quienes retornan a esos sitios que alguna vez juraron no volver a ver, a esas comunidades y ciudades que nunca dejarán de llamar hogar?
Según Eileen Truax, periodista mexicana especializada en migración, analizamos poco qué sucede cuando los migrantes se devuelven a sus países. Por su parte, la socióloga ecuatoriana Lorena Izaguirre considera que el retorno es una de las aristas menos exploradas del fenómeno global migratorio. Para ella, estos flujos continúan siendo un mito: generalmente pasan desapercibidos y muy pocas veces son vistos como relevantes.
Sin embargo, el retorno es justamente lo que miles de personas en Latinoamérica han debido plantearse debido a la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia de covid-19 y a la dinámica irregular de las fronteras. Migrantes que, con pasos inadvertidos, volvieron a sus países de la misma forma en que salieron. Migrantes devueltos de imprevisto, arrinconados para firmar un regreso “voluntario” o forzados a subir a un avión tras emprender un largo trayecto que los acercó a sus ilusiones y que ahora los empuja a aceptar una realidad distinta de la que soñaron: el regreso.
Cuando la migración se considera “ilegal”: las deportaciones
El paso de Efraín Ballote Escalante por los Estados Unidos fue un paseo de montaña rusa de 13 años. Tenía 32 cuando sacó su visa de turista y pisó el territorio norteamericano por primera vez. Llegó buscando distanciarse de su pasado y pronto comenzó a trabajar. Tenía todo el ímpetu y las ganas.
Logró alcanzar la estabilidad económica, pero entonces las autoridades descubrieron que no tenía los documentos para laborar y lo sancionaron: lo deportaron o repatriaron.
Es decir, fue expulsado de los Estados Unidos y enviado de vuelta a Mérida, su ciudad natal, ubicada en Yucatán, México.
Decidido a recuperar todo lo que tenía en el país norteamericano, regresó con un “coyote”. El proceso fue tan duro que tuvo una crisis emocional. A la larga, la experiencia terminó en una segunda deportación, tras la cual le prohibieron acercarse al territorio estadounidense durante los siguientes diez años.
Para Efraín, las repatriaciones representaron la ruptura de muchos planes. Eso mismo significa para otros miles de migrantes de todo el mundo. Varios investigadores consideran, además, que vulnera el derecho humano a circular libremente. Eduardo Domenech, de la Universidad Nacional de Córdoba, indica en uno de sus artículos que estas se “inscriben en procesos de criminalización de la migración”, pues marcan a una fracción de la población como “una amenaza o un peligro que puede desestabilizar la tranquilidad social, el orden público o la seguridad nacional”.
Los procesos de deportación son distintos en cada país. Generalmente, son repatriadas las personas que no cuentan con la documentación necesaria para ingresar o permanecer en un territorio del cual no son oriundas. En otros casos, como el de Estados Unidos, también se aplica a residentes que cometieron alguna falta o delito.
Repatriaciones han repuntado en las últimas dos décadas
Diversos estudios y especialistas indican que las deportaciones han repuntado en el continente americano desde el año 2000. En el caso de los Estados Unidos, aumentaron de manera significativa entre 2005 y 2015, durante las administraciones de George W. Bush y Barack Obama. Solo en los primeros cinco años de ese período fueron expulsados del país alrededor de 850 mil mexicanos.
Aunque dichas cifras empezaron a decrecer a partir de 2015, no lo hicieron de manera significativa. Según Rodolfo Cruz, director del Departamento de Estudios de Población del Colegio de la Frontera Norte (COLEF), esto puede deberse a que las políticas migratorias estadounidenses no se han flexibilizado. De acuerdo con la Secretaría de Gobernación (SEGOB) de México, en 2019 unas 211 mil 240 mexicanos fueron deportados desde EEUU. La caída en 2020, cuando se registraron 184 mil 423, puede atribuirse también a los efectos del confinamiento.
Entre 2010 y 2020 también se observó un alto número de deportaciones de migrantes centroamericanos. Según Cruz, esto podría deberse a las “caravanas de migrantes” surgidas en 2018 debido a la crisis económica, de violencia y de inseguridad que se vive en la región, sobre todo en el Triángulo Norte. La OIM asegura que la mayoría de estos retornos forzosos se producen desde Estados Unidos y México.
Solo en 2019, ambos deportaron más de 230 mil migrantes de Honduras, El Salvador y Guatemala. Según el Instituto Guatemalteco de Migración, ese año cerca de 54 mil 600 guatemaltecos fueron deportados por vía aérea desde Estados Unidos. En 2020 el número decreció un 72% debido a las restricciones de movilidad, pero aún no se detuvo: solo descendió a 15 mil 115.
Así va la deportaciones de migrantes
En 2020, más de 23 mil personas entre salvadoreñas y guatemaltecas fueron deportadas desde México y Estados Unidos.
Para devolver a las personas a sus países de origen, las autoridades de cada nación realizan acuerdos en los que definen dónde y cómo se entregará a las y los migrantes. Los gobiernos también deben cumplir con protocolos para asegurar que dicho proceso no vulnere los derechos de las personas involucradas. Sin embargo, no todos cumplen.
Durante años se han registrado casos de violaciones a los derechos humanos durante las deportaciones. Según Cruz, esto generalmente refleja la falta de capacitación del personal encargado de ordenar los flujos migratorios. En el caso de las repatriaciones de Estados Unidos a México, ocurren generalmente cuando se expulsa a personas con antecedentes penales. “También es el caso de enfermos graves o con trastornos mentales, pues muchas veces los deportan y necesitan cierto tipo de atención médica”, apunta el investigador.
El panorama de la migración centroamericana deportada desde México es distinto. En ese caso sí se han visibilizado varias violaciones a los derechos humanos. “Generalmente se dan en zonas donde es imposible documentar tales vulneraciones, pero cuando se realizan entrevistas a los migrantes, ellos admiten haber sido víctimas de esas violaciones”, reitera Cruz.
Según el académico, es necesario que los gobiernos de los países de origen de los principales flujos migratorios se sienten a dialogar para proponer políticas públicas coordinadas acordes a la realidad de quienes abandonan sus naciones. Un ejemplo sería la gestión de programas que faciliten la movilidad de quienes deben desplazarse por razones laborales, económicas o de seguridad. “La sugerencia es buscar que con las políticas migratorias se logren flujos migratorios ordenados, seguros y regulares”, apunta.
Las cifras de los retornados
En 2020, más de 23 mil migrantes entre salvadoreñas y guatemaltecas fueron deportados desde México y Estados Unidos.
Para devolver a las personas a sus países de origen, las autoridades de cada nación realizan acuerdos en los que definen dónde y cómo se entregará a las y los migrantes. Los gobiernos también deben cumplir con protocolos para asegurar que dicho proceso no vulnere los derechos de las personas involucradas. Sin embargo, no todos cumplen.
Durante años se han registrado casos de violaciones a los derechos humanos durante las deportaciones. Según Cruz, esto generalmente refleja la falta de capacitación del personal encargado de ordenar los flujos migratorios. En el caso de las repatriaciones de Estados Unidos a México, ocurren generalmente cuando se expulsa a personas con antecedentes penales. “También es el caso de enfermos graves o con trastornos mentales, pues muchas veces los deportan y necesitan cierto tipo de atención médica”, apunta el investigador.
El panorama de las y los migrantes centroamericanos deportados desde México es distinto. En ese caso sí se han visibilizado varias violaciones a los derechos humanos. “Generalmente se dan en zonas donde es imposible documentar tales vulneraciones, pero cuando se realizan entrevistas a los migrantes, ellos admiten haber sido víctimas de esas violaciones”, reitera Cruz.
Según el académico, es necesario que los gobiernos de los países de origen de los principales flujos migratorios se sienten a dialogar para proponer políticas públicas coordinadas acordes a la realidad de quienes abandonan sus naciones. Un ejemplo sería la gestión de programas que faciliten la movilidad de quienes deben desplazarse por razones laborales, económicas o de seguridad. “La sugerencia es buscar que con las políticas migratorias se logren flujos migratorios ordenados, seguros y regulares”, apunta.
