Este lunes, un juez federal ordenó que los empleados de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos no pueden realizar la entrevista inicial con los solicitantes de asilo. Esto que representa un revés para una de las estrategias del gobierno de Donald Trump, que busca restringir el asilo.
Probablemente, la orden judicial a nivel nacional tendrá poco o ningún impacto inmediato. Esto se debe que el gobierno ha suspendido por completo el proceso de asilo durante la pandemia de coronavirus, alegando cuestiones de salud pública.
El intento de contraataque de la CBP
Para contrarrestar la orden, el gobierno de Trump argumentó que los empleados de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) designados para las entrevistas estaban capacitados de manera similar a los funcionarios del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés).
El juez federal Richard J. Leon, en Washington, estuvo en desacuerdo con ese argumento.
“¡Paparruchas!”, escribió el juez en su fallo de 22 páginas. “Los requisitos de capacitación citados en la declaración del gobierno no están cerca de ser ‘comparables’ con los requisitos de capacitación de funcionarios de asilo”.
Leon dijo que los empleados de la CBP reciben de dos a tres semanas de capacitación a distancia y presencial. Por su parte, los funcionarios de asilo reciben por lo menos nueve semanas de capacitación formal.
El juez también puso en duda si la CBP, una agencia que incluye a la Patrulla Fronteriza, podría hacer revisiones de manera no contenciosa, tal como lo requieren las regulaciones.
De momento, los representantes de los departamentos de Seguridad Nacional y de Justicia no han emitido declaraciones sobre la orden.
Por su parte, USCIS dijo que no comenta sobre litigios pendientes.
Fin a un proceso dudoso
La entrevista suspendida por la orden del juez es conocida como entrevista de “miedo creíble”. En ella, los solicitantes de asilo deben persuadir a las autoridades de que tienen un temor fundado a la persecución en su país natal.
Los abogados de algunas mujeres y sus hijos originarios de México, Ecuador y Honduras que no pasaron esta evaluación han denunciado que los empleados de la CBP no están autorizados ni capacitados para realizar el trabajo.
En este sentido, la orden puede ser un alivio para estas personas. Así lo dijo Julie Carpenter, abogada del Centro de Justicia Tahirih, quien interpuso una demanda en nombre de los solicitantes de asilo.
Esta decisión pone fin al falso proceso de usar agentes de la Patrulla Fronteriza contenciosos para realizar entrevistas sumamente delicadas a los solicitantes de asilo.
Renovaciones en la Oficina de Aduanas
Aunque el juez no abordó otros argumentos, se sabe que la medida de entrevistar a los solicitantes era inválida. Esto se debe a que el comisionado de la CBP, Mark Morgan, se desempeña en calidad de interino y carece de autoridad bajo la ley federal.
Hace unas semanas, la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno dijo que los dos funcionarios principales del Departamento de Seguridad Nacional, que también se desempeñan en calidad de interinos, no son elegibles para operar la agencia.
La causa es que ambos funcionarios fueron nombrados incorrectamente bajo la ley federal.
El Departamento de Seguridad Nacional no estuvo de acuerdo. La semana pasada, Trump nominó a Chad Wolf, el secretario interino de la dependencia, para ocupar el puesto de manera permanente.
La CBP comenzó la capacitación el año pasado. De acuerdo con un reporte del Instituto de Política Migratoria, en febrero de 2019, 91 empleados comenzaron a hacer las evaluaciones iniciales.
De estos 91, la agencia aprobó al 37% en un periodo de 12 meses que terminó en mayo, comparado con el 64% que aprobaron los funcionarios de asilo del USCIS.
