Cada vez son más las detenciones migratorias en el sur de México. Estos hechos generan miedo entre la población extranjera y preocupación en la sociedad civil por la reactivación de operativos de detención, a pesar del discurso del gobierno de proteger a las personas migrantes.
El 1 de mayo, un operativo migratorio en la vías de tren en el Estado de Oaxaca generó enfrentamientos entre personal de Instituto Nacional de Migración (INM) y personas migrantes. Según reportes de prensa, cerca de 700 migrantes se defendieron con piedras y palos para no ser detenidos.
Es preocupante que constantemente se registren enfrentamientos entre personas migrantes, autoridades migratorias, y que se recurra a la intervención de fuerzas de seguridad, como la Policía Federal, que sólo genera un ambiente de tensión y violencia. Esta situación se ha visto reflejada en notas de periódicos locales, que con su discurso criminalizador, contribuyen a incentivar un ambiente xenófobo. Es importante insistir en el llamado a un cambio de narrativa: generar contenidos que ayuden a la prevención del racismo y al combate a la discriminación.
Estas acciones se han replicado también en las estaciones migratorias, donde los migrantes se encuentran en condiciones de hacinamiento, sin información sobre su procedimiento. El INM anunció que reforzará sus tareas de vigilancia en las estaciones migratorias. De seguir esta tendencia sólo se acrecentarán las acciones de violencia y represión.
Incrementan las solicitudes de refugio de niñ@s en México
Según cifras de la Comisión de Ayuda al Refugiado (COMAR), en el primer trimestre de 2019 7,285 niñ@s han solicitado asilo en México. Esto representa un incremento de 316% respecto a 2018. El gobierno mexicano tiene el deber de proteger los derechos de estos niñ@s durante su trayecto y/o estancia en México. Esta protección incluye que ningún niñ@ se encuentre detenido. A pesar que la “Ley general de derechos de niñas, niños y adolescentes” lo prohíbe, organizaciones de sociedad civil han denunciado la presencia de niñ@s en las estaciones migratorias. Tan sólo entre enero y febrero el INM reportó 5,121 niñ@s en detención. Esta situación es preocupante debido a que las condiciones de las estaciones migratorias no son adecuadas para niñ@s, no hay capacidad de atención, y pueden estar expuestos a riesgos innecesarios.
Es necesario seguir insistiendo en que los niñ@s sean canalizados a instituciones especializadas para que sean atendidos y se vele por su integridad física y emocional.
En EE. UU. más de 800,000 personas esperan para un proceso de asilo
En los últimos años, el proceso para pedir asilo se ha hecho más y más lento, con casos que pueden tardar años en ser adjudicados. Según reportes, más de 800,000 personas están a la espera de la resolución de su proceso de asilo en Estados Unidos.
Mientras tanto, la semana pasada, la administración Trump dio instrucciones para identificar cambios al proceso de asilo destinados a desalentar el ingreso de solicitantes. Entre los cambios destacan: el cobro de una suma de dinero para presentar una solicitud de asilo y la imposibilidad de solicitar autorización para trabajar si ingresaron al país de manera irregular.
Este es un nuevo ataque al legítimo derecho, reconocido por el derecho internacional, que tienen las personas de solicitar asilo en un país en el que se sientan seguros. Las organizaciones de la sociedad civil debemos sumar fuerzas para luchar contra estos atropellos a los derechos humanos.
Plan Nacional de Desarrollo en México: ¿cómo impacta la atención del éxodo?
El 1 de mayo, la Administración López Obrador presentó al Congreso el Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024. El objetivo 1.7 del plan aborda el tema migratorio: “Implementar una política integral apegada a los derechos humanos, reconociendo la contribución de las personas migrantes al desarrollo de los países”. El documento indica que México buscará reducir las causas estructurales económicas, políticas y sociales de la migración desde México y Centroamérica, y mejorará los procedimientos para el reconocimiento de la condición de refugiado. Se reitera que el énfasis estará en lograr que la migración sea voluntaria y no forzada. Para esto, propone cinco estrategias:
- Establecer una política migratoria y atender las causas estructurales
- Impulsar una política integral en materia de refugio
- Implementar modelos de atención diferenciada para la protección consular
- Fortalecer los servicios consulares
- Establecer políticas con perspectiva de género e interculturales para la atención de las personas migrantes.
El Plan Nacional de Desarrollo constituye una oportunidad para enmarcar el debate público en torno a la migración. Es positivo que se haya incluido este tema, incluyendo las necesidades de los mexicanos migrantes y de los migrantes en México. La estrategia 5 y los fondos que se destinen serán fundamentales para ofrecer atención a las personas migrantes y solicitantes de asilo en tránsito por México. Hasta el momento, las actuaciones de la administración López Obrador indican que, como anteriores gobiernos, está enfocada en contener, aprehender, detener y expulsar a las personas en tránsito, dejando de lado su deber de ofrecer asistencia humanitaria. La sociedad civil hace esfuerzos para ofrecer asistencia, pero requiere de apoyo y de fondos para hacerlo.
Papel activo de la sociedad civil
La semana pasada, un grupo de sociedad civil del sur del país presentó el “Informe de monitoreo de los derechos humanos del Éxodo centroamericano”. Este informe enfatiza que el éxodo desde Centroamérica continuará debido a la violencia, la pobreza, el despojo de tierras, y la corrupción. Al no ver soluciones a estas problemáticas, las personas ven en la migración un puerta grande que les permitirá tener la posibilidad de vivir en condiciones seguras y dignas.
Todo indica que este fenómeno migratorio no se detendrá en el corto plazo, y esto llevará a las personas a seguir buscando estrategias que les permitan cruzar México a pesar de las condiciones adversas, y bajo un gobierno que quiere un flujo migratorio “seguro y ordenado”, pero que no generan las condiciones y posibilidades para ello.
Ante este panorama, el Informe hace varias recomendaciones a los diferentes actores en México y la región. Hace un llamado al Estado mexicano a que desarrolle una política migratoria congruente con la garantía y protección de los derechos humanos de las personas migrantes. También, hace un llamado a la comunidad internacional y gobiernos de la región a reconocer el desplazamiento forzado, a garantizar acciones articuladas de protección a las personas desplazadas internas, migrantes y refugiadas, así como vigilar las condiciones de retorno y deportación.
El Informe recomienda a los medios de comunicación hacer un trabajo de difusión de información responsable, oportuna y objetiva. Y a la sociedad en general, actuar con empatía, solidaridad y hospitalidad hacia las personas migrantes. También, hace un llamado a la sociedad civil a seguir observando, promoviendo y dialogando sobre la importancia de defender los derechos de las personas migrantes. En resumen, el Informe es una herramienta clave para entender lo que está pasando en México con el éxodo y los grandes vacíos de atención y protección del gobierno mexicano.
Es necesario que el gobierno mexicano cambie su postura sobre la movilidad migratoria e impulse acciones que protección integral, reconociendo el reto que conlleva atender a personas de diversas nacionalidades, idiomas y costumbres. Los éxodos nos plantean una ventana de oportunidad para el gobierno federal y local, la academia y la sociedad civil para desarrollar una política migratoria basada en la protección de los derechos humanos e impulsar políticas públicas para la inclusión social.
