Estados Unidos usa a menores migrantes, niñas y niños, como armas de presión; genera un ambiente de terror hacia las personas migrantes no regulares y un desprecio por las normas internacionales en materia de Derechos Humanos, expuso el Dr. Javier Urbano, académico de la Ibero, en este análisis para Conexión Migrante.
De las patologías del actual presidente de Estados Unidos poco hay que reseñar. Quizá sea lo menos importante ponderar su compulsión por las “verdades paralelas”, o su pobre lectura sobre el papel de Estados Unidos en el mundo. Ciertamente sus estrategias de retraimiento en el escenario comercial o los costos globales de sus diferendos con Canadá, México, la Unión Europea, China y un largo etcétera, podrán ser medidos en un plazo medio. El hecho es que en este momento hay otras decisiones de este mandatario, cuyos costos humanos son tan graves que requieren una respuesta urgente del sistema de naciones.
Desde su llegada a la Casa Blanca, Donald Trump ha tratado de fortalecer su posición a partir del uso político electoral de su objeto fetiche: la migración indocumentada. A las amenazas de construir un muro en la frontera, la advertencia de que México pagaría su costo o llamar “animales” a grupos de migrantes, ahora se integra una nueva táctica de terror que constituye un delito desde cualquier punto de vista y una agresión a la dignidad de las personas: el secuestro de niños y niñas migrantes.
Para la autoridad de la Unión Americana, la separación de los niños de sus padres implica una advertencia pues dice Trump “Estados Unidos no será un campo de migrantes”, lo que supone un argumento tan burdo como una evidencia de tres situaciones: el uso de los niños y niñas como arma de presión, negociación o chantaje hacia sus rivales demócratas; la generación de un ambiente de terror hacia los inmigrados no regulares que ya están en Estados Unidos o que están en proceso de inmigrar a este país; y un desprecio absoluto a las normas internacionales de protección de los derechos humanos de los niños y niñas migrantes.
En el primer caso, y ante la creciente presión de los propios miembros del Partido Republicano, Trump ha tratado de dirigir las críticas hacia el Congreso y hacia los demócratas, en específico; esperando con ello fortalecer su posición frente a sus bases de apoyo conservadoras; en el caso del ambiente de terror que esta decisión propicia, el mensaje parece advertir: “Si traes a tus hijos, te los vamos a quitar”.
Eso en tercer lugar, equivale desde el punto de vista que se quiera asumir, a una amenaza de secuestro. Hasta el momento cerca de dos mil niños y niñas migrantes han sido separados de sus padres. Es decir, se castiga a los niños y niñas –que en cualquier sistema jurídico democrático son inimputables- a una pena de encierro que viola entre otros muchos, el principio del interés superior de los niños y niñas uno de cuyos principios más importantes es la preservación de su entorno familiar, garantía de la mayor importancia de sus posibilidades de un desarrollo integral.
Sin embargo, no podemos centrar nuestra atención sólo en Estados Unidos. Acaso el movimiento racista y xenófobo contra los y las migrantes sea un síntoma de orden global. El actual ministro del interior italiano Matteo Salvini ha afirmado sobre la supuesta necesidad de censar a la comunidad gitana para deportarla a sus países de origen, lamentando a su vez “que los que sean italianos hay que quedárselos”.
De estas consideraciones, debemos advertir que los Trump y los Salvini son claros síntomas del fortalecimiento de las políticas de cierre fronterizo, con un componente adicional: anteriormente estas narrativas interpretaban a los migrantes como un problema de seguridad. En la actualidad, el nuevo discurso de odio se asienta en la identidad, su etnia o su religión. Una política de exclusión institucional fundada en el desprecio a una cultura o una etnia puede tener consecuencias que la historia nos debe recordar.
En México, la respuesta del gobierno mexicano ha sido lo que infelizmente se esperaba: una declaración. En este escenario de graves violaciones al derecho internacional en lo general, y de los derechos humanos de los niños y las niñas en lo particular, es urgente el diseño de una estrategia de coordinación a nivel global que lleve estos casos como un asunto no sólo de interés de México, sino todos los países afectados, sean de origen o tránsito.
Definir una posición única y homogénea con Centroamérica, África, Asia, Oceanía, etcétera y llevarla a instancias como la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, promover su integración como asunto urgente en foros como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y los diferentes espacios homólogos en el mundo, supondría un mensaje claro a la administración Trump.
No hay posiblemente mayor bajeza ni mayor delito que utilizar a un niño o una niña como armas, como moneda de cambio, como chantaje o como táctica de terror. Nada lo justifica y el costo humano del secuestro de niños y niñas migrantes es incalculable. Ahí radica la urgencia de una respuesta coordinada y global.