Luego de que el gobierno del presidente Donald Trump anunciara que interpuso una demanda contra tres leyes migratorias en California, el gobernador Jerry Brown, y el fiscal general, Xavier Becerra, prometieron hoy que se defenderán ante el recurso interpuesto contra el estado.
En una rueda de prensa, Brown consideró que la demanda refleja el deseo de Trump de declarar la guerra a California para satisfacer a la parte más radical de sus votantes, quienes están inconformes con las leyes que protegen a más de dos millones de inmigrantes indocumentados.
Brown fue especialmente duro con el fiscal general Jeff Sessions, que hoy acudió a California para dar un discurso y defender la demanda de su Gobierno.
Apuntó que, con la demanda, Sessions actúa como uno de los protagonistas de la cadena televisiva Fox y este es solo un intento por satisfacer a los votantes y a Trump, quien a amenazado con despedirlo en repetidas ocasiones.
“El Gobierno de Trump está lleno de mentirosos”, dijo Brown antes de asegurar que el gobierno carece de credibilidad y que las leyes santuario no ponen en peligro a EU.
El origen del problema
La demanda interpuesta por el Gobierno, la noche del martes en la Corte del distrito este de California, se dirige contra tres leyes “santuario” que el estado aprobó el año pasado para proteger a los inmigrantes y que, a juicio del Ejecutivo, violan la Constitución porque tratan de prevalecer sobre la legislación federal.
Con su demanda, el Ejecutivo pide a un juez federal que bloquee la implementación de esas leyes.
Una de las leyes en cuestión permitió a California convertirse el 1 de enero en un “estado santuario” para los inmigrantes (mejor conocida como SB 54), lo que significa que la Policía local y estatal no pueden proporcionar al Gobierno información sobre inmigrantes indocumentados o aquellos extranjeros que han cometido un crimen y que, de acuerdo con la ley federal, deberían ser deportados.
En concreto, esa ley permite a los inmigrantes que han cometido un crimen salir en libertad, una vez cumplida su condena, y no ser expulsados a su país de origen.
La segunda ley contra la que se dirige la demanda prohíbe a las empresas de California cooperar con el Gobierno para deportar a inmigrantes, mientras que la tercera permite a la Policía estatal inspeccionar los centros de detención, donde están encerrados los extranjeros a la espera de ser expulsados.
Funcionarios responden
A unas horas de que el gobierno federal distintos políticos iniciaron una campaña para proteger las distintas leyes pro inmigrantes.
Antonio Villaraigosa, exgobernador de California, sentenció que EU es un país de inmigrantes y no se les puede dar la espalda ahora. Además, tachó la como una estrategia de política divisoria de Trump.
Los Ángeles aprobó la Orden especial 40 en 1979, que hizo posible que todos los residentes de Los Ángeles cooperaran con la policía sin importar su estado migratorio. Si quieres firmar su petición puedes hacerlo aquí.
Por su parte, Kevin de León, senador demócrata por California impulsor de la SB54, dijo que esta demanda es resultado de no apoyar las iniciativas racistas de la administración Trump de separar a familias honestas y trabajadoras.
Añadió que el proyecto de ley es constitucional y luchará con uñas y dientes para garantizar que siga siendo la ley de la tierra. Si quieres firmar su petición puedes hacerlo aquí.
